Una inspectora de Hacienda ha confirmado este martes, en el juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, que Luceño incurrió en fraude fiscal. La inspectora ha plasmado esta conclusión tras la investigación que se llevó a cabo, que determinó que creó una sociedad para simular que ésta prestó unos servicios que no realizó en realidad, con la intención de tributar menos.
Este martes ha tenido lugar la sexta sesión del juicio a los empresarios Luceño y Medina, acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia en tres contratos de compraventa de material sanitario en los que se embolsaron seis millones de euros en comisiones.
La sesión ha comenzado precisamente con la declaración de una inspectora de Hacienda que ha detallado la investigación que llevaron a cabo sobre la declaración de la Renta de Luceño referida a 2020, y cómo vieron irregularidades porque, en resumen, “creó una nueva sociedad con la finalidad de reducir su tributación al 15%”, en lugar del 43% que le correspondía.
Hacienda, concretamente, detectó tres irregularidades: la realización de registros contables en una sociedad (Takamaka), que todavía no estaba constituida; la creación de cuatro facturas en julio de 2020 en concepto de prestación de servicio y comisiones cobradas sin que la empresa Takamaka realizara ninguna operación; y el envío de una transferencia de fondos procedentes de la empresa Leno (de Malasia) en favor de Takamaka que, en realidad, procedían de la cuenta personal de Luceño.
“La comisión (de los contratos con el Ayuntamiento de Madrid) se cobra íntegramente en las cuentas de Luceño, y dos meses después comienza a constituir una sociedad”, ha asegurado la inspectora, que también ha dejado claro que ese empresario “simula la sociedad que presta esos servicios con una intencionalidad muy clara, que es reducir la tributación”.
Por su parte, Luis Medina, en su declaración, ha hecho hincapié en que, pese a que ganaron una fortuna con este negocio, ellos querían “ayudar” al Ayuntamiento de Madrid: “Nuestra intención, de verdad, era ayudar para que llegara material. Era nuestro granito de arena a aportar. Yo lo que les dije es que venía a ayudarlos”. Todo en contra de lo que el juez instructor ha determinado tras terminar la instrucción, que ha señalado en el sumario que inflaron los precios de los productos sanitarios a la vez que ocultaban que se quedarían con una parte del dinero generado.
Y, además, Medina ha descargado toda la responsabilidad en Luceño en cuanto a la calidad de las mascarillas que vendieron o unos guantes que luego no eran los acordados, pero sin llegar a atribuirle ningún delito. Así, ha comentado que nunca llegó a cobrar comisión por los guantes y los tests -aunque la acusación le ha sacado un email para evidenciar que sí tenía la intención de hacerlo-, y que no se encargó de fijar el precio de las mascarillas.
La Fiscalía solicita una condena total de 15 años de prisión para Luceño y otra de 9 años de cárcel para el aristócrata Luis Medina por el caso mascarillas. En concreto, se acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra Hacienda, ya que se considera que eludió pagar a la Agencia Tributaria 1,3 millones de euros.