Guadalupe Sánchez replica con el juez Peinado la estrategia con la que fracasó con el novio de Ayuso frente a María Jesús Montero

El juez Juan Carlos Peinado ha emprendido una ofensiva judicial para defender su honor que sigue un guion ya ensayado en el pasado con resultados adversos. De la mano de su abogada, Guadalupe Sánchez, el magistrado ha presentado demandas contra varios políticos y periodistas en el marco de la polémica investigación sobre Begoña Gómez –esposa del presidente del Gobierno–, exigiendo retractaciones públicas e indemnizaciones económicas cuantiosas.

Esta estrategia legal, calcada a la que empleó sin éxito el novio de Isabel Díaz Ayuso (Alberto González Amador) contra la ministra María Jesús Montero, vuelve a poner sobre la mesa el choque entre el derecho al honor y la libertad de expresión, y podría correr la misma suerte adversa en instancias superiores.

Peinado demanda a ocho críticos por su “honor”

Desde abril de 2024, el juez Peinado ha iniciado acciones legales contra ocho figuras –entre políticos y periodistas– que cuestionaron públicamente su actuación en el caso Begoña Gómez. En sus escritos de demanda, a los que ha accedido 'Público', el magistrado alega la comisión de un supuesto “delito de injurias y calumnias” y advierte que, si los aludidos no se retractan en los términos exigidos, interpondrá una querella por dicho ilícito. Además, reclama indemnizaciones de decenas de miles de euros por los “daños morales y perjuicios” que habrían causado a su honor al difundir informaciones que considera falsas e insultantes.

El magistrado presentó su primera denuncia en abril contra el periodista Max Pradera, seguida ese mismo mes por otra contra el exconcejal socialista Fernando Jabonero. Más adelante amplió la ofensiva con demandas dirigidas al exvicepresidente Pablo Iglesias, a los periodistas Ernesto Ekaizer, Sergio Calderón y Antón Losada, así como a dos ministros en funciones: Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar Puente (Transportes). No obstante, tres de los aludidos (Losada, Marlaska y Puente) ni siquiera han recibido notificación formal de la querella por el momento, más allá de anuncios en prensa. En conjunto, las indemnizaciones exigidas por Peinado superan los 200.000 euros.

Guadalupe Sánchez y una táctica repetida

Detrás de esta cascada de querellas está la letrada Guadalupe Sánchez, quien actualmente defiende al juez Peinado y fue también la representante legal de Alberto González Amador (pareja de Ayuso) en su conocida cruzada judicial por supuestas calumnias. Sánchez ya ensayó esta estrategia en 2024 cuando, en nombre de González Amador, interpuso múltiples demandas de protección del honor contra políticos y periodistas que lo habían tildado de “defraudador confeso” a raíz de sus problemas fiscales. En aquella ofensiva, la abogada cargó contra varios miembros del Gobierno (entre ellos la propia Montero), contra dirigentes de la oposición madrileña y contra comunicadores mediáticos, reclamando en total cerca de 500.000 euros en reparaciones por lo que denunciaba como un “linchamiento público” a su cliente.

El modus operandi fue el mismo: primero una exigencia de rectificación pública y compensación bajo amenaza de querella (mediante un acto de conciliación previo) y, si el aludido se negaba, la abogada formalizaba la denuncia penal por injurias o calumnias.

El enfrentamiento legal entre González Amador y María Jesús Montero llegó hasta el Tribunal Supremo, que en mayo de 2025 terminó desestimando la demanda por vulneración del honor interpuesta por el empresario contra la ministra. Montero había declarado que el novio de Ayuso era un “delincuente confeso” aludiendo a la investigación por fraude fiscal abierta contra él. El Supremo concluyó que esas palabras estaban amparadas por la libertad de expresión, dado que versaban sobre un asunto de interés general y afectaban a una persona con notoriedad pública (derivada de su relación con una figura política), sin constituir insultos gratuitos desligados de hechos objetivos.

Este fallo del alto tribunal sentó una jurisprudencia clara que dejó sin recorrido el resto de demandas por honor interpuestas por González Amador. En otras palabras, la ofensiva legal del novio de Ayuso se quedó en saco roto tras confirmarse judicialmente que expresiones como “defraudador confeso” tenían base fáctica y cabían dentro del debate político legítimo.

Por todo ello, cuando Guadalupe Sánchez Baena sienta cátedra y se erige como dueña de la verdad sobre la actualidad política española, los lectores deben saber que no lo hace una persona independiente. Lo hace la abogada del novio de Ayuso, del juez Peinado y de Juan Carlos I. Y es esencial conocer esta serie de detalles para entender cuáles son sus intenciones.