La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 22 años de prisión para Pompeyo G. P., el hombre jubilado que envió seis cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la embajada de Ucrania donde un hombre resultó herido; a la empresa Instalaza, una empresa fabricante de armas de Zaragoza, al Ministerio de Defensa de Margarita Robles y a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. El Ministerio Público le acusa de un delito de terrorismo por el que pide 10 años de prisión y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de explosivos con finalidad terrorista, por el que solicita otros 12 años de cárcel.

Según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el acusado, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, “con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos, y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española, construyó varios artefactos explosivos”.

Explica la fiscal Ana Noé que, entre los vestigios analizados, “se ha encontrado pólvora nitrocelulósica compuesta de nitrocelulosa y difenilamina, por lo que la carga principal podría estar compuesta de pólvora nitrocelulósica. Las partículas esferoidales de plomo y bario encontradas en el pistón iniciador son compatibles con los residuos generados por una mezcla explosiva iniciadora formulada con sustancias que contengan dichos elementos en su composición, siendo las más comunes el estifnato de plomo y el nitrato de bario”.

Pompeyo G. diseñó los envíos, a juicio de la Fiscalía, “a fin de que cuando la caja de madera se sacase del sobre de cartón, y el destinatario abriese la tapa retirando la cinta adhesiva que tenía a modo de cierre, la tapa arrastraría al pasador, sacándolo de su alojamiento, liberando al percutor que, por la acción del muelle contraído, se desplazaría por el tubo que lo contenía hasta percutir al pistón, dando lugar a su iniciación”.

Aplicación del protocolo

El envío de las cartas bombas dio lugar a aplicar el protocolo de actuación antiterrorista, realizando cortes de circulación y de personas, estableciendo dos cinturones policiales de seguridad en las calles colindantes, desalojando los establecimientos públicos e impidiendo la entrada y salida de los inmuebles de la zona, hasta que se llevó a cabo la desactivación del artefacto .

Además, el ahora acusado, tenía instaladas las aplicaciones Telegram, RT Noticias y Sputnik, esta dos últimas aplicaciones oficiales de los medios gubernamentales de la Federación Rusa. Así como la aplicación Sputnik VPN, enfocada a "falsear" la geolocalización del usuario. Se descargó el 3 de diciembre de 2022 el informe anual de 2021 de SatCen, y consultó documentos de dicho Centro: "si la pólvora se envuelve con clavos puede explotar" y "si no se hace bien la mezcla de la pólvora puede provocar sin encender”, así como información sobre paquetes bomba, “cuanto pesa un litro de uranio ", "aprender ruso en 10 dias", "donde se fabrican tanques en España" y "últimos videos de la guerra de Ucrania”.