La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, que se acuerde cautelarmente el traslado a España de una fiscal antiterrorista de Afganistán, para que pueda obtener protección internacional, pues si vuelve a su país de origen, actualmente está en Pakistán, su vida corre serio peligro bajo el yugo talibán.

Según ha informado el Ministerio Público español, la fiscal estuvo destinada a la Fiscalía Antiterrorista de la República de Afganistán. Mientras trabajaba participó directamente en casos relevantes, entre otros, en la investigación y acusación del entonces líder de Estado Islámico en Afganistán. Su marido, abogado de profesión, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses.

Cuando los talibanes asumieron el poder en Afganistán liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los terroristas que había acusado. A la vista de la situación y del grave peligro para su vida, huyó a Pakistán con su hijo que entonces tenía 5 años y su hermana menor para evitar ser asesinada. Actualmente, se encuentra pendiente de deportación a Afganistán, a donde ya ha sido enviada su hermana pequeña que está en paradero desconocido.

Inacción del embajador

El 25 de noviembre de 2022 la Clínica presentó, en nombre de la fiscal, una instancia ante la Embajada de España en Islamabad en la que se pedía el traslado de la de ella, de su hijo y de su hermana a España para solicitar asilo. En la instancia se detallaban todas las especiales circunstancias de la fiscal y se aportaba la documentación acreditativa de riesgo inminente para su vida si es deportada (carnet de fiscal, pasaportes, certificado de fallecimiento de su marido en un atentado terrorista suicida, etc.).

El embajador de España en Pakistán acusó recibo de la instancia pero no resolvió dentro del plazo ni tampoco hizo ningún acto más de trámite. Ante la inactividad del embajador, la abogada de la Clínica interpuso recurso-contencioso administrativo y solicitó, como medida cautelar, el traslado de la fiscal a España. El recurso se interpuso ante el TSJ Madrid pero este órgano se declaró incompetente y trasladó el recurso a la AN, donde se encuentra en trámite.