El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito de 74 páginas para recurrir la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, de procesarle en la causa de la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La máxima autoridad del Ministerio Fiscal carga directamente contra el juez cercano al Partido Popular (PP) al entender que las conclusiones de su auto son “erróneas, ilógicas o equivocadas” y están basada en imputaciones “infundadas o voluntaristas”.
La exposición de García Ortiz coincide con la mayoría de análisis que vienen realizándose desde que, el pasado 9 de junio, el magistrado emitiese un auto en el que destacan las acusaciones a Presidencia y el fiscal general, ambas sin pruebas e introducidas con términos como “presumiblemente”; el rechazo de testimonios de periodistas y de las pruebas notariales aportadas por estos, que exculparían al procesado; la omisión de pruebas y de los testimonios contradictorios del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid y su abogado y la asunción del discurso de la parte demandante.
Por esta larga lista de motivos y por muchos otros que saltan a la vista, García Ortiz reclama ahora a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que corrija al magistrado y archive el caso al considera que "los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal" y que tampoco "aparece suficientemente justificada su perpetración". Es más, el fisca considera que la causa está sustentada, desde un principio, en una “inferencia temporal” que no ha conseguido despejarse, dado que a Hurtado no le vale la “inocencia”.
Desde que comenzó esta pieza separada de la causas de verdadera gravedad, que está causando menos revuelo que la que juzga varios delitos confesados de fraude fiscal y falsedad documental que, a su vez, podrían haber generado un dinero con el que financiar el ático en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, “apenas existe ninguna novedad”, justifica el fiscal. Y no existe novedad, insiste, porque “no hay otro resultado posible para el inocente que el de constata su inocencia”, aunque Hurtado no quiera aceptarlo.
Así, García Ortiz despedaza el auto del magistrado que votó en contra de procesar al PP en la Gürtel y de citar a Mariano Rajoy como testigo por las "numerosas inferencias, carentes de sustento fáctico”. Entre ellas destaca las conjeturas de Hurtado sobre las "presuntas indicaciones de Presidencia del Gobierno y otras indicaciones externas", pese a que no hay coincidencia en los documentos ni cuadran las horas. "Pretender apuntalar la responsabilidad penal del fiscal general a partir del eventual uso político o mediático de un documento que ya era de dominio público excede por completo el juicio racional de indicios", recoge el recurso.
La información para desmontar el bulo ya se conocía
Más allá de omitir que el caso parte de un bulo montado por Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de Gabinete de Ayuso, y difundido por El Mundo, para intentar salvar al defraudador confeso que comparte ático con la baronesa del Partido Popular; el magistrado también ha decido ignorar los testimonios de trabajadores de los medios de comunicación, entre ellos ElPlural como emisor en exclusiva del correo íntegro, que han asegurado y demostrado con el volcado de sus teléfonos móviles que contaban con la información antes de que el fiscal la solicitase.
Así, la defensa del fiscal se reafirma en que lo que el defraudador confeso reivindica como secreto revelado "ya había sido difundida entre profesionales de la información" antes de que llegara a conocimiento de García Ortiz. "Tal difusión se produjo doblemente: por un lado, a través de la actuación del propio querellante, o de personas de su entorno más próximo, revelando su contenido a El Mundo; y por otro, consta que al menos tres medios de comunicación ya disponían del contenido, o incluso de una copia del correo, antes de que el fiscal general lo recibiera".
Es más, "numerosos testigos han declarado conocer que MAR estaba trasladando la existencia de una propuesta de conformidad y de 'órdenes de arriba' para frustrarla la tarde del día 13 de marzo de 2024", al menos desde las 19:48 horas, "y en todo caso antes de la publicación de El Mundo", de las 21:29. Deduce de todo ello que González Amador informó al jefe de gabinete de Ayuso "de muchas otras cuestiones relativas al procedimiento, entre ellas del hecho de que habían existido conversaciones previas entre el fiscal y su abogado, y de que este último estaba realizando gestiones para lograr el pacto de conformidad".
