Fernando Presencia, juez expulsado de la carrera por prevaricar, e imputado por calumnias o injurias y delitos contra las altas instituciones del Estado, por acusar a jueces, fiscales y políticos de tener cuentas en el extranjero, se ha negado a ser valorado por un forense de la Audiencia Nacional, así como ha declarar ante el magistrado instructor de la causa, Joaquín Gadea.

El médico forense debía determinar si el estado mental de Presencia podría suponer una eximente de cara a una posible condena, ya sea completa o incompleta. De hecho, las fuentes consultadas por ElPlural.com aseveran que “es un derecho el no someterse al examen médico, aunque siempre es beneficioso para las defensas”.

De hecho, el exjuez ha llegado a la Audiencia Nacional con una copia de in informe siquiátrico firmado por el forense, José Cabrera, en el que, según Presencia, pone que “está perfectamente de salud y que no está loco”.

El caso judicial contra Presencia comenzó después de que la Fiscalía presentara una denuncia en la Audiencia Nacional. Denuncia que venía sustentada, además, por un escrito de los magistrados del Tribunal Supremo y que firmaba Manuel Marchena.

En el escrito de Marchena, aseveraban que su preocupación se acrecienta por el hecho de que estas imputaciones se están realizando desde una asociación (contra la corrupción), que “podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pudiera ser utilizada para denigrar a las personas o instituciones que, por una u otra razón, se oponen a los designios de su promotor. Se trataría por tanto de una persona jurídica concebida con el único objeto de ponerse al servicio del delito”.

A la caza de todo y de todos

Desde que fuera expulsado de la carrera judicial, El exjuez ha dirigido su ira contra todo y contra todos sin pruebas. Según él, son corruptos la Asociación Jueces y Juezas para la democracia, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; la ministra Margarita Robles, o el ministro Fernando Grande-Marlaska entre otros muchos cargos públicos.

De hecho, Presencia se presenta como juez aunque, en 2018, el Tribunal Supremo ratificó la condena de 10 años de inhabilitación especial, lo que conlleva la pérdida definitiva del cargo de juez, y una multa de 3.600 euros impuesta por un delito de prevaricación. Según el fallo, el que fuera magistrado archivó una querella por delito de estafa contra una persona, que según quedó acreditado, era amigo suyo.