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El juez Juan Carlos Peinado, quien investigó a Begoña Gómez hasta su reciente jubilación, archivó un caso de presunta malversación de fondos públicos contra el gerente de los autobuses madrileños, Alfonso Sánchez Vicente, solo tres semanas después de concluir la instrucción debido a un error.
El magistrado archivaba de esa forma en julio de 2025 una causa que había comenzado en mayo de 2023 por una denuncia de Podemos, partido que emitió que OkDiario había cobrado un supuesto sobreprecio para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. El partido morado destacaba que un mes antes otra asociación había recibido cuatro veces menos fondos municipales para un evento similar.
La investigación se dirigía contra el alto cargo del equipo del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la empresa editora del digital de Eduardo Inda, Dos Mil Palabras SL, compañía que, según se ha sabido en los últimos días, pagó la defensa de Koldo García en el juicio del caso mascarillas por el que el exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a 19 años de prisión. El acuerdo al que aludió entonces Podemos se cerró por un precio de 72.600 euros.
El error del magistrado se produjo cuando éste intentó prorrogar las pesquisas después del plazo legal para hacerlo, según adelantaba por aquel entonces el diario El País. Concretamente, los jueces de instrucción deben alargar sus investigaciones periódicamente cuando se encarga de casos complejos, estimando le ley un plazo máximo de un año para las instrucciones, a partir del cual los jueces han de solicitar ampliaciones de medio año.
En esa ocasión, Podemos y Más Madrid, que se adhirió después a la denuncia, pidieron la ampliación de manera diligente, antes de la expiración del plazo, mientras que el juez acordó la medida más de dos meses después. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la empresa Dos Mil Palabras, en cuyo organigrama destaca Eduardo Inda, aprovecharon para recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial, que les dio la razón y reprochó una incorrección “patente” al juez.
Más Madrid pidió expedientar a Juan Carlos Peinado
La oposición criticó al magistrado y sembró dudas sobre su buen hacer respecto de la investigación. Recientemente, en julio de este año, Más Madrid presentaba un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigir la tramitación inmediata de una solicitud presentada hace más de un año atrás contra Peinado y el alto cargo del equipo de Almeida, teniendo en cuenta la “inminente jubilación forzosa del magistrado denunciado”; una retirada que llegó el pasado septiembre.
La formación de la izquierda alternativa a nivel municipal presentó una solicitud ante el órgano de gobierno de los jueces para abrir un expediente contra Peinado “por faltas muy graves después de conocerse que había dejado morir una instrucción del caso de presunta malversación que salpicaba a la EMT de Almeida y a la empresa editora de OkDiario por un ‘patrocinio’ a dedo de 27.600 euros públicos, al dictar una prórroga de la instrucción fuera del plazo que propició su archivo”.
El partido de Rita Maestre señaló que no había recibido “ninguna comunicación” del Poder Judicial, más allá de la apertura de diligencias informativas en el mes de apertura. Fuentes de las siglas dijeron conocer a través de los medios de comunicación que hasta en dos ocasiones el asunto había “llegado a retirarse del orden del día de la Comisión Permanente cuando ésta iba a pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria de Peinado”.
60.000 euros a un despacho de abogados
En junio de este año, Público adelantaba que el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid citaba para el mes siguiente como investigados a varios directivos de la EMT, entre ellos a Sánchez Vicente, por la presunta contratación irregular de un despacho privado para defender a la empresa en el caso del contrato a dedo con la empresa editora de OkDiario.
El contrato para la defensa fue adjudicado a un despacho de abogados por un importe de 60.000 euros más IVA, incluyendo la relación detallada de las actuaciones realizadas por el despacho en cuestión, los informes emitidos, la asistencia de las actuaciones procesales y la facturación desglosada de los trabajos llevados a cabo.
Según la denuncia sobre este otro asunto, de Podemos, la empresa pública ya contaba con un departamento jurídico propio que venía asumiendo su defensa, por lo que la externalización del servicio “carecería” de justificación legal y de necesidad objetiva, además de señalar la “desproporción” económica del contrato, con un precio “completamente inflado”.
Dos Mil Palabras SL pagó la defensa de Koldo García
Dos Mil Palabras SL, empresa de Eduardo Inda que funciona como sociedad editora de OkDiario, pagó la defensa de Koldo en el caso mascarillas. Leticia de la Hoz, la letrada que le representaba, presentaba la semana pasada ante la Audiencia Nacional -después de que Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz le liberaran del secreto profesional- las facturas sobre sus honorarios, a las que tenía acceso El Plural. El montante del pago asciende a los 242.000 euros por dos facturas, una de 181.500 euros y otra de 60.500 euros, ambas con IVA incluido.
La primera factura emitida aparece bajo el concepto “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García” y fue pagada el 27 de noviembre de 2025, según el justificante aportado, mismo día que el periódico de Inda publicó una entrevista realizada a Koldo y un día antes de publicar la realizada a Ábalos. La segunda factura se abonó el 23 de enero de este año bajo el mismo concepto, como acredita el justificante correspondiente.
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