Póker de imputados por parte del juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Cristina Álvarez, asistente de la mujer de Pedro Sánchez en la Moncloa, se ha sumado en las últimas horas a la lista que completan el empresario Juan Carlos Barrabés; el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache; y el exconsejero madrileño y director del Centro de Innovación y Emprendimiento de IE, Juan José Güemes.
El polémico magistrado ha imputado a todos ellos después de comparecer y reconocer sus relaciones laborales con la esposa del responsable del Ejecutivo y negar que exista ilegalidad alguna o trato de favor. En el caso de Álvarez, la asesora de Gómez fue llamada a declarar como testigo el pasado mes de diciembre para confirmar que, efectivamente, trabajaba para la mujer de Sánchez y explicar que entre las acciones que llevaba a cabo se encontraba la de enviar correos electrónicos relacionados con los dos másteres y la cátedra que dirigió Gómez en la universidad pública hasta hace unos meses.
Como hiciera en las ocasiones anteriores, Peinado cambió la calidad de quien declara, pasando de rechazar la imputación a firmarla en un instante; en unos días en la presente ocasión. Así las cosas, si la asesora respondió el pasado mes de diciembre en sede judicial obligada a decir la verdad, el magistrado la imputaba en enero. Y esto a pesar de que Peinado había explicado en el audio que la persona protagonista de estas líneas no podía ser considerada sospechosa de tráfico de influencias ni de malversación de caudales públicos.
El magistrado emitió que, en esta causa, que gira en torno a si Gómez utilizó su condición de mujer de Sánchez para impulsar su carrera profesional, Peinado sentenció que a su asesora “no puede atribuírsele la condición de investigada en dicho hecho delictivo” y acentuó que el papel de “asistente”, podría “realizarlo cualquier otra persona”, pero que no podía ser considerada sospechosa de presionar a la Complutense escribiendo en nombre de la esposa de Sánchez.
La opinión del juez cambiaba de la noche a la mañana después de que el pasado martes notificara en un auto que la convertía en imputada. El magistrado emite que ahora sí dispone de pruebas para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”.
Y, de repente, imputados
La primera persona a la que le sucedió esto fue el empresario Juan Carlos Barrabés, que declaró como testigo al inicio de la investigación porque, según las acusaciones, el empresario y la UTE de la que participaba resultaron beneficiados de dos adjudicaciones públicas, de lo que el pseudosindicato Manos Limpias percibió como “cartas de recomendación” o incluso “avales”.
El empresario, que además había cerrado contratos con otras administraciones públicas de muy distinto signo político, expuso en su declaración las veces que había estado en Moncloa a la vez que negó cualquier trato de favor a sus compañías. Un mes después, Peinado ordenó el registro de su casa -hecho por el que le apercibió la Audiencia Provincial- y le situó como investigado. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”, reprochó el órgano provincial.
El segundo de los testigos que pasó a ser considerado imputado fue el rector de la UCM, donde Gómez tuvo dos másteres y una cátedra extraordinaria. Sobre el centro, el magistrado mantiene varias líneas de investigación: por un lado, si la Complutense dio trato de favor a Gómez en su calidad de esposa del líder del Ejecutivo y, por otro, si ella gestionó de forma irregular un software creado por varias compañías para su cátedra.
En cuanto a su declaración, Goyache habló como testigo a principios de julio. En aquel escenario defendió, siguiendo la estela de la universidad y manteniendo lo que él mismo había dicho en público, que la relación entre las partes se había perpetrado de manera absolutamente legal y que nunca ningún alto cargo de la UCM se había sentido presionado por dar trato de favor a Gómez. Apenas unas semanas después, Peinado lo imputaba.
El otro testigo que fue considerado imputado fue Güemes. Una de las personas fuertes en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la región, fue llamado a testificar para desarrollar por qué contrataron a la mujer del presidente para dirigir su África Center. A pesar de que él dejó claro que “no se contrató a Gómez en el IE por ser la esposa del presidente”, el magistrado se convenció de todo lo contrario antes de oír al exconsejero de la Comunidad de Madrid, al escuchar la declaración de otra testigo.
