La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio contra la exdirigente popular un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2018, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid y acompañada por su letrado, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar.

La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental.

En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid. De igual modo, ha presentado un certificado académico que verifica que superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se dé traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que edsvirtúa la versiçón de Cifuentes.

El juicio ha arrancado con la declaración de Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Rosado ha relatado que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde pero su relación se torció en 2014 debido a "un conflicto". Rosado coordinaba un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía "un mérito laboral y que le reportaba complemento económico".

En 2014, el director del curso busca alumnos y Conde lo ve como "una traición", echándola del curso, de una revista y del área de Derecho Constitucional. "La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario", ha narrado.

La expresidenta regional y ahora tertuliana televisiva se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del TFM, una exposición que sigue defendiendo que hizo.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito.

El exdirector del Instituto de Derecho Público Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster, que falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.