La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado ante el tribunal del caso Máster que no conserva ninguno de los trabajos realizados durante el posgrado cursado en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y que únicamente mantenía comunicación con Enrique Álvarez Conde -director del Instituto de Derecho Público ya fallecido-. No intercambió in un solo correo electrónico con ningún profesor y, de hecho, reconoce que el acto de defensa del Trabajo Final de Máster (TFM) fue “informal”.

Cifuentes ha argumentado que fue Álvarez Conde quien “me explica la dinámica o cómo suplir la asistencia y exámenes y quien me fija calendario. Son doce asignaturas. Conde me dijo que no me preocupara por no ir a clase y me dijo que era una modalidad con alumnos que trabajan. No me sorprendió porque había otras universidades con modalidad parecida. Por cada asignatura se hacía un trabajo. Todo a través de Álvarez Conde”.

Su defensa no ha aportado ninguno de estos trabajos, que según Cifuentes se los hacía llegar a Álvarez Conde a través de su equipo o de algún familiar, porque “no tenía ningún interés en conservarlo”.  El único que guardó fue el TFM en un pendrive que no ha presentado como prueba documental porque no lo ha encontrado: "Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada era muy complicada. Tuve dos mudanza y cinco mudanzas de despachos para que se haga idea de esos traslados y me he mudado a dos domicilios más pequeños. Parte de mis pertenencias están distribuidas en un trastero, en casa . No lo tengo. No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones”.

Una defensa "informal"

La expresidenta regional ha reconocido que la defensa de su TFM, condición sine qua non para adquirir el título, le resultó extrañamente “informal”. A ministerio de la fiscal, ha dicho no recordar “a las personas a las que se lo entregué”, como tampoco se acuerda de “si eran dos o tres”. “Doy por hecho que eran profesores del Máster”, puesto que no acudo a ninguna clase ni intercambio mensajes con docentes. Asimismo, ha precisado que “Álvarez Conde no estaba” y que “no sé si estas personas eran un tribunal. No ocurrió en un aula, sino en una sala de Juntas, en un despacho”.

En este sentido, ha detallado que “no duró demasiado”, que “fue bastante informal” y que, de hecho, “no leí el trabajo, se lo entregué, les expliqué las lineas generales y en que consistía muy por encima”.

Además de a Cifuentes, se juzga a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. La exdirigente popular se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel, la misma pena que se pide para Feito.

Rosado ratificó la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, y Feito.