Todo lo que hay que saber sobre el juicio a Koldo y Ábalos: cómo la corrupción penetró en el corazón de Ferraz

La actualidad judicial continúa. Después de que se iniciase, tras más de nueve años, el juicio del caso Kitchen; este martes, arranca en el Tribunal Supremo el juicio del conocido como caso mascarillas o caso Koldo, una causa que examina una presunta trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia y que sienta en el banquillo al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García, y a Víctor de Aldama, confeso conseguidor.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que los tres habrían articulado una red para obtener beneficios económicos a cambio de facilitar contratos públicos en los peores momentos de la crisis de la Covid-19, aprovechando la urgencia, que permitió procedimientos de contratación excepcionales, mientras morían miles de personas por la enfermedad. La dimensión del juicio es significativa tanto por el perfil de los acusados como por las penas solicitadas.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y cerca de 20 para García. Más duras son las acusaciones populares, que elevan esas cifras hasta los 30 años. En el caso Aldama, que ha reconocido parcialmente los hechos y ha querido mostrar una colaboración con la justicia, pese a que esta ha sido más parafernalia que realidad, la petición se reduce a siete años de cárcel.

Múltiples jornadas  y testigos

La vista oral se desarrollará durante 13 jornadas y contará con la declaración de más de 80 testigos, entre ellos responsables políticos, funcionarios y personas del entorno de los acusados. Algunos cargos institucionales declararán por escrito, lo que refleja la sensibilidad política del caso y su alcance dentro de las estructuras del Estado. Mientas, tanto Ábalos como García se encuentran en prisión preventiva, medida dictada para evitar su fuga y que opera desde finales de 2025.

Los dos constituyen el que sería el centro de la trama, que habría operado en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando distintas administraciones públicas adjudicaron contratos millonarios para la compra de material sanitario. En ese contexto, la investigación sostiene que la empresa vinculada a Aldama obtuvo adjudicaciones por valor de decenas de millones de euros sin contar con experiencia suficiente, gracias a la intermediación de García y la supuesta influencia de Ábalos.

La acusación describe un sistema de favores en el que, a cambio de facilitar esos contratos, los implicados habrían recibido comisiones económicas y pagos en especie. Entre estos beneficios se incluyen alquileres de viviendas, regalos o contrataciones de personas cercanas en empresas públicas, lo que amplía el foco del caso más allá del enriquecimiento directo. Los acusados, por su parte, niegan la mayor y se defienden en un momento en el que las fotografía e informaciones que exponen sus prácticas son cada vez más certeras.

Un caso rápido

A diferencia de la Kitchen, el caso mascarillas ha avanzado rápidamente. La causa comenzó a tomar forma en 2024, con las primeras investigaciones sobre contratos sospechosos. A lo largo de 2025, los informes de la Guardia Civil y las declaraciones de los implicados fueron consolidando la hipótesis de una trama organizada. Uno de los puntos de inflexión se produjo cuando Aldama admitió haber pagado comisiones, señalando directamente a Ábalos y García como beneficiarios.

Una confesión que, junto con nuevos indicios documentales, llevó al Tribunal Supremo a asumir la causa debido al aforamiento del exministro. Asimismo, esta permitió a Aldama salir de la cárcel y estar disfrutando, en estos momentos, de una vida de disfrute y platós de televisión. En sentido contrario, en noviembre de 2025, el magistrado instructor ordenó el ingreso en prisión provisional de Ábalos y García, al considerar “extremo” el riesgo de fuga ante la magnitud de las penas solicitadas. Este martes, tras meses de instrucción, arranca el juicio oral.

Diferentes estrategias: justicia y política

La Fiscalía sostiene que existió una organización criminal estructurada en torno a la adjudicación de contratos públicos, con reparto de beneficios entre sus integrantes. Los delitos imputados incluyen cohecho, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Por su parte, Aldama ha optado por una estrategia de colaboración con la justicia, reconociendo parte de los hechos y señalando a los otros acusados. Esta posición contrasta con la defensa de Ábalos y García, que rechazan las acusaciones y cuestionan la credibilidad del empresario, al que acusan de mentir para obtener una reducción de pena.

Si bien, más allá del ámbito judicial, el caso tiene una evidente dimensión política. Se trata del primer juicio por corrupción que afecta directamente a un exministro del actual Gobierno que, a su vez, ha reabierto el debate sobre los controles en la contratación pública durante situaciones de emergencia. El Gobierno y el PSOE defienden el esclarecimiento de los hechos y buscan diferenciarse de la oposición, en un contexto en el que la corrupción vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública española por partida doble.