El presidente y fundador de la asociación de usuarios de banca Adicae, Manuel Pardos Vicente, ha sido citado para declarar en calidad de investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla. Este juzgado tiene abierta una causa contra esta asociación por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental desde 2019.

Dedicado a la "gestión de subvenciones"
Tanto Pardos como el exsecretario general de la entidad, Fernando Herrero Sáez de Eguilaz -que actualmente figura como vocal de su Junta Directiva-, tendrán que declarar el jueves 25 de marzo junto a otros tres investigados. Otra persona citada a declarar es Borja Martín Ordás, quien según su perfil en LinkedIn fue coordinador de Adicae en Andalucía desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2019 y se dedicaba, entre otras cuestiones, a la "gestión de subvenciones".

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por orden del Juzgado, Adicae logró acceder "de forma fraudulenta" a cerca de 700.000 euros en subvenciones entre 2015 y 2018 aportando a las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía datos relativos a su número de asociados que llegaron a cuadruplicar las cifras reales. En este informe de la UDEF del 4 de febrero de 2020, la Policía señala como responsables al presidente y el secretario general de Adicae a nivel nacional, Manuel Pardos y Fernando Herrero.

Cuadriplicó el número de asociados reales para captar subvenciones
La misma investigación indicaría que ADICAE recibió de manera fraudulenta casi 700.000 euros (exactamente 693.519,72). Esta cantidad le fue abonada en un periodo de cuatro años de tres líneas de subvenciones de la Junta al "contabilizar socios que nunca han sido asociados de Adicae con el fin de recibir e inflar al máximo las subvenciones". Se trata del 94% del dinero público que recibió de la Dirección General de Consumo andaluza entre 2015 y 2018.

Trece subvenciones

Según informa FACUA-Consumidores en Acción, con datos extraídos del informe policial, las subvenciones conseguidas de esta forma fueron, por un lado, las siete recibidas por Adicae Andalucía en 2015, 2016, 2017 y 2018, correspondientes a las dos líneas dirigidas a federaciones de ámbito autonómico. Y ello al haber declarado más de 13.000 asociados -hasta 13.969 en 2015- cuando el "total de socios presuntamente reales" osciló entre 3.665 el primer año y 4.652 el último.

En cuanto a las ayudas públicas dirigidas a asociaciones provinciales, la UDEF concluye que hubo fraude en las recibidas en Almería y Córdoba tanto en 2016 como en 2018, en la de Granada de 2016 y la de Jaén de 2018. En el caso de Adicae Córdoba, en 2016 llegó a declarar 1.056 socios cuando a juicio de los agentes de la UDEF sólo tenía 245.

Devoluciones de subvenciones en Andalucía, La Rioja y Navarra

Más allá de los presuntos delitos objeto de investigación judicial, Adicae ha tenido que devolver a la Junta de Andalucía 202.542 euros de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por irregularidades al justificar los gastos. La Dirección General de Consumo las detectó en la justificación de once ayudas públicas otorgadas a federación andaluza y sus asociaciones provinciales en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla.

Por su parte, los gobiernos de La Rioja y Navarra expulsaron el año pasado a Adicae de sus registros autonómicos de asociaciones de consumidores. El Gobierno riojano le reclama que devuelva las subvenciones recibidas durante cuatro años, que ascienden a unos 15.000 euros. Según publicó el diario La Rioja el pasado octubre, Adicae solicitaba ayudas públicas pese a que su Junta Directiva en la comunidad se había disuelto. En Navarra, la expulsión se produjo en julio, tras cinco años sin que la asociación le presentase sus cuentas.

Fundada en 1988, Adicae acumula en los últimos años cerca de una treintena de condenas judiciales por abusos laborales.

Reclamaciones de FACUA a Alberto Garzón
Se da la circunstancia de que FACUA lleva más de un año reclamando a Garzón una auditoría sobre las asociaciones de consumidores. Consumidores en Acción lleva más de un año reclamando al ministro de Consumo, Alberto Garzón, una auditoría sobre las asociaciones de consumidores a fin de comprobar si las cifras de socios declaradas tanto para recibir subvenciones como para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y otros órganos consultivos son reales.

La ley establece que las asociaciones de consumidores deben tener al menos 10.000 socios para formar parte del CCU, la misma cifra que hasta hace dos años era necesaria para recibir subvenciones del ministerio competente en materia de consumo. Desde 2020, el número mínimo de socios para poder acceder a ayudas del Ministerio de Consumo se redujo a la cifra de 5.000.

FACUA lamenta que el Ministerio de Consumo siga sin contestar a su reivindicación pese a que desde que se la trasladó por primera vez, en febrero de 2020, han estallado sucesivos escándalos con subvenciones en torno a la asociación de usuarios de banca Adicae.