Después del fracaso del intento de dimisión de los ocho vocales del bloque progresista para forzar la renovación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en su Pleno ordinario de este jueves su “situación actual”.

Pero el orden del día también será otra cuestión de máxima relevancia: “La dación de cuenta” de la renuncia individual de la vocal progresista Concepción Sáez, además del análisis del estado del órgano judicial.

Y es que cabe recordar que una semana atrás Sáez presentó una carta de renuncia al presidente, Rafael Mozo, ante el “insostenible” estado de la institución, tanto por la interinidad que sufre por su bloqueo de cuatro años por las actuales tensiones entre sus miembros. “La incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un consejo en funciones, ha terminado por agotar mi paciencia. Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y, puede que ya, irreversible degradación de la institución”, lamentó en el momento del anuncio.

Y es que Álvaro Cuesta siguió los mismos pasos que Sáez, quien planteó la posibilidad de que fueran los otros siete vocales progresistas los que presentaran su dimisión en conjunto para forzar al Gobierno y a la oposición, el Partido Popular, a pactar de una vez por todas la renovación final del CGPJ, tarea pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.

Pese a las reuniones recientemente mantenidas, el bloque progresista no ha logrado encontrar consenso interno, descartando así esta vía. Y es que, según adelantaron fuentes del bloque progresista previamente a la reunión del miércoles, algunos de los miembros de este ala se fueron descolgando de esta idea al sopesar que “no garantizaba la renovación del Consejo”.

No obstante, Mozo incluyó este análisis de la situación actual que se celebrará este jueves, aunque la única renuncia que continúa vigente es la de Concepción Sáez, que debe ser aceptada por el presidente del CGPJ para que, finalmente, se produzca.

Postura del ala conservadora y la Comisión Permanente

Desde otro punto de vista, fuentes de la parte conservadora, con respecto a la renuncia en bloque de los progresistas, insistieron en sus dudas sobre este movimiento, destacando que, si no se pudieran formar un Pleno -ya que es necesario la presencia de 11 vocales-, el CGPJ podría seguir trabajando su Comisión Permanente, es decir, su órgano ejecutivo.

Cabe destacar que la salida de esta vocal progresista agravará la brecha de la institución, ya que el escenario será el siguiente: siete vocales progresistas -incluido el presidente Mozo- y diez conservadores. Es así como, de materializarse la renuncia de Sáez, la plaza vacante podría abrir la puerta a aumentar la ya mayoría del ala conservadora.

Pese a que la dimisión de los progresistas ha quedado descartada, los conservadores ya habían rechazado en cualquier circunstancia seguir sus pasos ya que, por un lado, está latente la necesidad de resolver los problemas del día del Poder Judicial; mientras que, por el otro, aún se tiene que dar solución a la renovación del CGPJ que, en caso de llegar a este punto, deberían aportarla las fuerzas políticas.

Refuerzos para el Tribunal Supremo

En otro orden de ideas, el Consejo también estudiará este jueves una propuesta del Tribunal Supremo (TS) de prorrogar el nombramiento de dos letrados titulares por tres años, ambos pertenecientes al área contencioso-administrativa, del Gabinete Técnico.

A día de hoy, el Supremo cuenta con 21 vacantes ante la imposibilidad legal de que el CGPJ realice nombramientos discrecionales estando en funciones. Una situación que también llevó al Alto Tribunal a reclamar 15 letrados de refuerzo para este departamento, en concreto, siete para la Sala de lo Social y ocho para la Sala de los Contencioso-Administrativo.

El Ministerio de Justicia, sobre este respecto, ya ha avanzado que aceptará estos 15 refuerzos, tal y como ha quedado reflejado en la contestación del CGPJ a las preguntas planteadas por la Comisión Europea con motivo del informe anual sobre el Estado de Derecho en España.

Es más, los vocales del CGPJ también deberán estudiar los informes de los anteproyectos de las leyes de familias, información clasificada, contra la trata y explotación de los seres humanos y del procedimiento de evaluación de la edad, medidas que ha ido impulsado en los últimos meses el Gobierno central.