La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicia ha acordado hoy reiterar el comunicado aprobado por este mismo órgano el pasado 9 de noviembre, en el que expresaba "su frontal rechazo a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’ y ha advertido de que se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de esas comisiones". Es decir, que el órgano de Gobierno de los jueces, caducado desde hace cinco años, amenaza a otro poder del Estado con "vigilarlo". El citado acuerdo ha recibido los votos en contra de los vocales del PP al considerarlo insuficiente pese a decir que vigilarán al Congreso de los Diputados. De hecho, ha salido gracias al voto de calidad del presidente, Vicente Guilarte.
El acuerdo se ha aprobado en una reunión extraordinaria convocada a petición de los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la denominada ‘operación Cataluña’.
Así, el comunicado aprobado dice: “Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales".
"Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos. Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos” apostillan.
Vigilar a otro poder del Estado
El acuerdo aprobado hoy por la Comisión Permanente añade que el Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación. El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte, después de que este y las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Los vocales del PP José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular por considerar que el acuerdo es insuficiente y necesita ser ampliado. La vocal Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.
De hecho, los vocales del PP querían añadir al acuerdo párrafos como: "Ha llegado, pues, el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo, creado precisamente por la Constitución Española, superando la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones, para garantizar la independencia del Poder Judicial".
O también que, "el cuestionamiento de determinados actos públicos lesivos para el Estado de Derecho constituye, pues, una exigencia democrática. Es cierto que el artículo 76 de la Constitución permite el nombramiento de Comisiones parlamentarias de investigación para cualquier asunto de interés público, pero no lo es menos que sólo pueden constituirse en el marco competencial que su artículo 66.2 otorga a las Cortes; al caso, la potestad de controlar la acción del gobierno, tal y como nos recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 664/1984, de 7 de noviembre. Por eso estas comisiones son un instrumento de control al servicio de la minoría. En consecuencia, su instrumentalización por la mayoría parlamentaria para controlar al Poder Judicial, residenciado en todos y cada uno de los jueces y tribunales, resulta – como se ha dicho públicamente por el alto representante de este Consejo sectaria, impropia y espuria-. Por eso incluso ha llamado a rebelarse a los jueces que sean llamados por esas Comisiones".
Y aseveran, los vocales del PP que, "se pretende, en definitiva, con la creación de estas comisiones, generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal - penal, civil o disciplinaria - sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley".
Alusiones a Sánchez y Puigdemont
El voto particular no solo es mucho más duro, sino que alude directamente a declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Carles Puigdemont. "Este juez constitucional y europeo, único que puede garantizar un juicio justo, es el que se ve amenazado por las recientes manifestaciones de un prófugo de la justicia recogidas en el portal de información europea "Político" en las que llega a comparar la inclusión del término lawfare en el acuerdo con el PSOE, que se cerró en Bruselas, con la cabeza de caballo en la película El Padrino, la saga sobre la mafia de Francis Ford Coppola. "El término lawfare es como la cabeza de caballo en El Padrino: es una advertencia de que hablamos en serio"", afirman.
Y prosiguen diciendo que, "o al que ponen en cuestión las declaraciones de quienes con él han pactado. Así, el presidente del Gobierno en sus recientes manifestaciones en una entre vista concedida a TVE, amplificadas por diarios del más variado signo, confirmando, cuando se le pregunta, la existencia del denominado lawfare, del que incluso pone supuestos ejemplos. O las no menos explícitas del ministro de Transportes quien, ante la pregunta de si existían casos de guerra jurídica en nuestro país, ha respondido tajantemente: "Esto es como las meigas; uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas". Casos de 'lawfare' sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de 'lawfare' en España porque los hay, los ha habido y están demostrados".
"Todo este conjunto de declaraciones, la creación de las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente código penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española", acaban diciendo estos tres vocales del PP.
