Dos hechos han marcado la agenda mediática de tribunales en las últimas horas. Ambos han ocurrido en las últimas horas. De un lado, el juez Juan Carlos Peinado dictaba el auto de apertura de juicio oral con el que enviaba a Begoña Gómez a juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación. De otro, el juez del denominado caso Plus Ultra, José Luis Calama, citaba a declarar como investigadas a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 30 de noviembre.
La relación entre el Gobierno y la Justicia venía siendo especialmente tensa en las últimas semanas coincidiendo con cuestiones como la resolución cautelar del Tribunal Supremo de paralizar la denominada ‘ley de nietos’; y las últimas noticias no han hecho sino ampliar esa brecha.
Decisión “errática” y “desproporcionada”
Tanto Moncloa como el PSOE reaccionaba con dureza a una decisión, la del magistrado Juan Carlos Peinado, que llegaba en un momento en el que el responsable del Ejecutivo se encuentra en un viaje internacional. Desde el Gobierno “condenan” la resolución consideran que responde a un modus operandi habitual “durante toda la instrucción”.
“Ha quedado demostrada su inocencia”, proyectaban en Moncloa en el momento mismo de la decisión del togado, asegurando asimismo que mantienen la “confianza” en que el jurado que la juzgue “será ecuánime e impartirá justicia”. “Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, mantienen.
El equipo de Gobierno tacha de “intolerable” asimismo el hecho de que “se haga público (el auto) antes de notificarse a las partes”. Con todo, piensan que “son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción”.
En la misma dirección, el PSOE también habla de “persecución” y de una “exposición pública y personal absolutamente desproporcionada” de más de dos años, máxime “teniendo en cuenta que solo hay ruido” y “ninguna prueba de que haya cometido delito alguno”.
Para los socialistas, la instrucción “ha sido errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento”, y recuerda que “varias decisiones del juez Peinado han sido corregidas por la Audiencia Provincial, incluida la retirada del pasaporte”. “Se ha sometido a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez”, dictaban.
Las fuentes socialistas también hacen hincapié en la “coincidencia” de que el auto llegue mientras Sánchez está de viaje; una “coincidencia que ya se ha producido en otras ocasiones”.
Apertura de juicio oral contra Gómez
En el auto del juez Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el magistrado explica que Gómez responderá por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales”. Por su parte, a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, se le atribuye el delito de malversación.
El magistrado que ha investigado a la esposa de Pedro Sánchez toma esta decisión a pocos días de su jubilación, que se producirá el próximo 27 de septiembre, cuando cumplirá 72 años.
En junio, la Audiencia Provincial de Madrid avalaba que Gómez fuese juzgada por jurado popular, pero limitó los delitos a los dos anteriormente mencionados, dejando fuera del procedimiento el de corrupción en los negocios y el de apropiación indebida.
El 8 de septiembre tuvo lugar la audiencia preliminar, en la que la defensas de Gómez y Álvarez pidieron la absolución de ambas, mientras que el abogado de la primera, Jaime Campaner, cuestionó la validez del escrito de la acusación popular, ejercida por la asociación ultraderechista Hazte Oír.
Imputación de las hijas de Zapatero
En cuanto al conocido como caso Plus Ultra, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero deberán declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre. El magistrado ha pedido asimismo un informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas en el registro del despacho del predecesor de Sánchez del pasado 19 de mayo.
El instructor concede desde el momento del anuncio tres días para que se aporte al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación a las joyas señaladas.
El togado ha citado también a declarar como testigo a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participación de SEPI, y al exidrector financiero de Plus Ultra, Félix Martín.
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