Tal y como estaba previsto, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a las 18:00 horas de este miércoles 24 de junio a hacer entrega de su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, después de que este sábado el juez Juan Carlos Peinado acordara la apertura de juicio oral y aplicara las medidas cautelares que pedían las acusaciones populares de retirada del pasaporte, prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

Después de que su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, lo entregara este martes, Gómez ha accedido a los juzgados por el garaje, autorizada por la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, para responder a una de las tres cautelares impuestas por el juez Peinado. Ello llega después de que este mismo martes la defensa de la mujer del presidente del Gobierno presentara un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando que se anule la decisión del magistrado de retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarla a firmas quincenales en sede judicial, alegando que no existe ningún riesgo de fuga.

Así, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, solicitaba este martes al tribunal superior que deje sin efecto las medidas cautelares al considerar que son lesivas para el derecho fundamental a la libre circulación y no son proporcionales. Asimismo, sobre el argumento esgrimido por Peinado de que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir del país, el letrado reprochó que las medidas adoptadas no tienen justificación y, precisamente, insistió en el dispositivo de seguridad estatal como un factor que neutraliza cualquier riesgo de fuga.

Entre otras cosas, la defensa de Gómez subraya en este recurso de queja que la esposa del presidente del Gobierno está de manera permanente e irrenunciable bajo un dispositivo de seguridad personal gestionado por la Policía Nacional en todos sus desplazamientos dentro y fuera de España por su condición de ser la mujer del jefe del Ejecutivo. Además, añade que Gómez ha asistido a cada una de las actuaciones del proceso a las que era obligatoria su presencia y que tiene arraigo familiar y profesional en España.

No obstante, en el auto Peinado consideró que sí existe este riesgo de fuga, asegurando que "no cabe duda" de que "esos agentes", en alusión a los escoltas que custodian a Gómez, "en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". "Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", añadió el juez instructor.

En marcha el expediente al juez Peinado

Precisamente las afirmaciones que el juez Peinado plasmó en el auto sobre la Policía y el riesgo de fuga de Gómez llevaron a que este lunes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial abriera la vía para poder expedientar disciplinariamente al juez por cuatro votos a favor, con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, y cuatro en contra. 

Así, salía adelante con los votos de los vocales nombrados por el PP, remitir al promotor de la acción disciplinaria a los efectos oportunos, copia del auto dictado el pasado sábado, para que por el promotor decida si las expresiones referidas a la Policía son constitutivas de una falta grave del 418.5 de la LOPJ. 

Esa apertura de expediente se basará en el Artículo 418.5 de la LOPJ, el que regula las faltas graves. El punto quinto dice que se considerará falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

En el caso de Peinado se abrirá el expediente por las afirmaciones vertidas contra la Policía Nacional para justificar la retirada del pasaporte de la mujer de Sánchez.

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