La defensa de Begoña Gómez llevará este martes ante la Audiencia Provincial de Madrid su batalla contra las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado. El recurso de queja que presentará su abogado, Antonio Camacho, pretende desmontar uno de los argumentos centrales utilizados por el magistrado para justificar la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial: la posibilidad de que la esposa del presidente del Gobierno pudiera sustraerse a la acción de la justicia.
Tal y como informa 'eldiario.es', la estrategia de la defensa pasa por cuestionar tanto el fondo como la forma de la resolución. Por un lado, considera que las restricciones acordadas son desproporcionadas y carecen de una base objetiva que las sustente. Por otro, denuncia que el propio auto incluyera la afirmación de que no cabía recurso, pese a que las medidas cautelares sí pueden ser impugnadas ante instancias superiores.
El escrito insistirá en que Begoña Gómez ha atendido todas las citaciones judiciales desde el inicio de la investigación y que no existe ningún elemento que permita sostener un riesgo real de fuga. Según su entorno jurídico, la hipótesis construida por el magistrado se apoya en una posibilidad puramente teórica que no encuentra respaldo en los hechos.
Uno de los aspectos más controvertidos de la resolución es precisamente la referencia a la escolta policial que acompaña de forma permanente a la esposa del presidente del Gobierno. Peinado argumentó que esos agentes podrían facilitar una eventual salida del país, una afirmación que la defensa considera especialmente grave por afectar a funcionarios públicos cuya misión es garantizar la seguridad de la protegida.
Para Camacho, la insinuación de que miembros de la Policía Nacional podrían actuar como colaboradores de una fuga constituye una conjetura sin sustento alguno. Además, sostiene que la existencia de ese dispositivo de seguridad hace aún más difícil imaginar un escenario de evasión, dado el control y seguimiento permanente que implica.
Una resolución bajo escrutinio
La polémica en torno al auto ha trascendido ya el ámbito estrictamente judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria una queja relacionada con la actuación de Peinado para que valore si alguna de sus manifestaciones puede ser constitutiva de infracción.
La decisión salió adelante en una Comisión Permanente dividida. Cuatro vocales se pronunciaron a favor de tramitar la queja y otros cuatro en contra, siendo determinante el voto de calidad de la presidenta del órgano, Isabel Perelló. El elemento que terminó inclinando el debate fue precisamente la referencia a una posible colaboración de los escoltas policiales en una hipotética fuga.
Aunque la apertura de este trámite no implica ninguna conclusión sobre la conducta del magistrado, sí evidencia el alcance de la controversia generada por una resolución que ha provocado críticas tanto en el ámbito político como en sectores de la judicatura.
La batalla por las garantías procesales
La defensa de Gómez también cuestiona la forma en que tuvo conocimiento de la apertura de juicio oral y de las medidas cautelares. Según denunció previamente ante el CGPJ, la existencia de esas resoluciones llegó a conocimiento de la investigada a través de los medios de comunicación antes de ser notificada formalmente por los cauces judiciales correspondientes.
En aquel escrito, Camacho sostuvo que esa situación suponía una vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva. A su juicio, el hecho de que una parte procesal conozca una decisión judicial por publicaciones periodísticas antes que mediante una notificación oficial compromete la igualdad de armas entre las partes y proyecta una imagen negativa de la Administración de Justicia.
La nueva ofensiva jurídica ante la Audiencia Provincial incorpora también esta crítica, en un intento de evidenciar las irregularidades que, según la defensa, han acompañado la tramitación de la causa.
Cuenta atrás para la entrega del pasaporte
Mientras la Audiencia estudia el recurso, las medidas acordadas por Peinado siguen vigentes. Begoña Gómez y Cristina Álvarez, asistente en Moncloa, están citadas este miércoles para entregar sus pasaportes y comunicar si disponen de algún otro documento de viaje, ya sea diplomático o correspondiente a otra nacionalidad.
La comparecencia coincidirá además con una jornada políticamente relevante. Ese mismo día Pedro Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados para responder sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno.
La simultaneidad de ambos acontecimientos refuerza la dimensión política de una causa que, desde hace meses, se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición. Sin embargo, el próximo movimiento decisivo corresponderá a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá determinar si las medidas cautelares acordadas por Peinado se ajustan a derecho o si, como sostiene la defensa de Gómez, responden a una construcción basada en hipótesis sin respaldo suficiente.
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