La Nulidad de las grabaciones incriminatorias ha centrado gran parte de las cuestiones previas planteadas por el letrado del que fuera número 2 del Ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy, Francisco Martínez. Pedro Colina las ha planteado de la mano de Jesús Mandri, el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz. Pero lo que ha resultado realmente sorprendente es que el agitador ultra Alvise Pérez, y el empresario Javier Pérez Dolset, han salido a la palestra en un juicio que nada tiene que ver con ellos. Y es que estas grabaciones fueron aportadas por Pérez Dolset, pero procedían del canal de Alvise.

Pedro Colina ha explicado que diez grabaciones de Villarejo que se han incorporado en diciembre del año pasado. Y este año otras tres grabaciones de Villarejo con su defendido. Según él, “esas tres son las realmente importantes, pero son prueba ilícita y deben ser anuladas y no ser prueba lícita”.

Pide que se declaren ilícitas las grabaciones

“La ilicitud de estas grabaciones daría lugar a la ilicitud de todo el procedimiento. El segundo grupo de tres archivos…se han incorporado después de los escritos de defensa. Estas grabaciones no están incautadas a Villarejo, son grabaciones que aporta Pérez Dolset”, y son grabaciones que a su juicio, el empresario las aporta porque “son buenas para el PSOE y para él” en el procedimiento penal que tiene abierto.

“Dice que algunas se las han facilitado medios y otras descargadas del Telegram de Alvise. Sinceramente, la manera de acceder a las grabaciones es rocambolesca, y llama tanto la atención que el juez abre otra pieza y pide que se averigüe si las grabaciones están en el material incautado a Villarejo, y la Policía dice que las tres grabaciones no están en el material que se le incautó a Villarejo. Otras sí están, pero muchas cortadas”, afirma el abogado.

“Nos encontramos con que en diciembre y enero se han incorporado tres audios entre Villarejo y mi defendido de 2013 y 2014 de origen desconocido y trazabilidad nula. No podemos contrastar su fiabilidad, ni siquiera las tenía el señor Villarejo. De dónde las ha sacado Alvise, pues no lo sabemos. Es que no sabemos quién los ha grabado, y por tanto no pueden ser válidas esas pruebas. Pero si las grabó Villarejo, era policía y debía cumplir los requisitos de legalidad”, ha proseguido diciendo respecto de estos tres audios.

Las otras grabaciones

El abogado se ha referido a los otros diez audios: "En los audios primeros, mi defendido no participa en ninguno de los diez. Hay razones por las que considero que son prueba ilícita: la primera es formal, es decir, esta defensa y al resto nos ha costado acceder a ese material porque en el oficio no se incorporaba en audio, solo la transcripción de la Policía. No hemos podido acceder a ellos en dos años, solo en el trámite de calificación. Pero en instrucción pedimos acceder a los audios y se nos denegó y cuando pedimos que se investiguen, nos dice esta sala que eso no se puede hacer y que se debió hacer en instrucción".

"Son ilícitas", ha aseverado el letrado quien se ha basado en una sentencia del propio caso Tádem donde dice que no se pueden usar como prueba de cargo contra las personas grabadas. A su juicio: "Afecta al derecho a la intimidad, no declarar contra uno mismo, derecho de autodeterminación informativa o tratamiento de datos".

Solo son prueba válida, según otras tres sentencias, si se cumplen requisitos como saber quién realiza la grabación, que esa grabación sea integra y, sobre todo, que la conversación fluya de forma natural y no sea un interrogatorio dirigido a obtener respuestas y que no sea para aportar a un procedimiento judicial. En este caso, una de las personas sí sabe que se está grabando, que es el señor Villarejo, que es la persona que está el 90 por ciento del tiempo hablando, provocando, y las respuestas son monosílabos. Falta la espontaneidad.