Las vicisitudes políticas, judiciales y mediáticas de esta legislatura eran inescrutables. Pocos podían imaginar la plétora de seismos que se han sucedido desde los comicios del 23-J. Ábalos, García, Cerdán, Gómez, Díez o García Ortíz son algunos de los ‘rostors’ que caricaturizan la tesitura política de esta etapa. Pero, 'no es lo mismo que un novio te engañe, a que te engañe el amor de tu vida'.
El prolijo auto del juez José Luis Calama que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como una bomba de 50 megatones sobre la industria de la actualidad y, especialmente, sobre la parroquia progresista. El expresidente del Gobierno es el talismán moral de los socialistas, interlocutor de los partidos a la izquierda del PSOE y negociador con los socios independentistas ―fue quien relevó a Santos Cerdán como intermediador de Carles Puigdemont―. En suma, todo un pilar de carga del proyecto de Pedro Sánchez.
El juez Calama ha aquilatado sesudamente el supuesto rol del expresidente en una presunta trama internacional que habría abonado “cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez”.
Un rescate ¿ilegal?
Según el escrito, las diligencias practicadas ―incluidas entradas y registros del 11 de diciembre de 2025, colaboración de la agencia estadounidense HSI y análisis de comunicaciones y flujos financieros― revelan la existencia de una estructura “organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras para obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas SA.
Sin embargo, el expediente de Plus Ultra, dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI, contó con el asesoramiento de asesores financiero y jurídico externos, fue revisado por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y también por un perito judicial; fue analizado por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado; está incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda, y ha sido objeto de puntual seguimiento por organismos comunitarios.
El auto
En las 85 páginas del auto de imputación se recogen conversaciones entre terceros ―en las que no participa Zapatero aunque le mencionan― y se emplean términos ambiguos: términos de deducción como "inferir", "permite inferir" o "cabe deducir" se repiten en cuatro ocasiones; términos de posibilidad como "posiblemente", "eventualmente" o "en la medida de lo posible" se repiten hasta en 18 ocasiones; términos subjetivos como "se considera", "se estima", "parece" o "se entiende" se repiten 12 veces; términos de presunción como "se presumen", "se sospecha", "se aprecia" o se constata" se emplean ocho veces; y condicionales hipotéticos como "en el caso de que", "si resulta viable" o "de ser necesario" se utiliza hasta 10 veces según la detección de Copilot.
“La declaración del investigado es un acto de garantía jurídica (...) Todavía falta el grueso de la conducta que reflejan los hechos”, recuerda la magistrada Carla Vallejo en el matinal La hora de la 1 de Televisión Española. Sin embargo, el juez ha bloqueado varias de las cuentas bancarias del expresidente por valor de 490.000€, la cantidad estimada que, presuntamente, habria percibido Zapaterpo en calidad de supuestas comisiones.
La defensa de Zapatero
Desde que se conoció la noticia, Moncloa se esmeró en mostrar el “máximo respeto a la justicia” y la “máxima confianza en la presunción de inocencia”. Templanza, calma tensa y contención sopesada. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, claudicó Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario (...) Zapatero tuvo un comportamiento ético intachable y ejemplar durante los 26 años que hace que le conozco”, defendió el ministro Óscar López.
Tras las primeras 24 horas, los miembros y socios del Gobierno abandonaron la tesis de la persecución judicial o del ‘lawfer’ porque consideraron que el escrito del magistrado describe con indicios firmes un escenario, unas compañías y unos comportamientos difícilmente defendibles. "El auto pinta feo", telegrafió la Secretaria General de Podemos, Ione Belarra. "Está completamente atado el futuro de Zapatero al futuro del Gobierno y del presidente del Gobierno", añadió.
Moncloa asegura que la resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor “se tomó en base a media docena de informes técnicos”. “Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos”, afirman.
Desde Sumar muestran su “determinación” de seguir en el Gobierno, aunque esquivan pronunciarse sobre Zapatero: “Que acabe donde tenga que acabar”, espetan.
El Ejecutivo argumenta que el juez no concreta a qué altos cargos habría presionado Zapatero para facilitar el rescate de Plus Ultra, y que tampoco aparecen pruebas de que Martínez sea efectivamente el testaferro del expresidente, como sugiere el juez en su escrito.
El baile de los socios
Los portavoces de Sumar, ERC, Compromís, PNV y Podemos admiten que no se puede acusar al juez de la Audiencia Nacional de prevaricar y aseguran que están muy preocupados. “Estoy jodido, lo reconozco”, espetó Gabriel Rufián.
“La línea roja es que el gobierno sea corrupto o participe en la corrupción (...) y eso no está todavía sobre la mesa”, arguyó el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.
Por otro lado, el lehendakari, Imanol Pradales, considera necesario que el expresidente Zapatero ofrezca "todas las explicaciones oportunas", con "la máxima celeridad y transparencia", sobre su imputación, mientras su grupo parlamentario en la Cámara Baja sigue de perfil.
Ferraz, a la ofensiva
En contraposición con la “prudencia” y la “tranquilidad” de los ministros y ministras, desde Ferraz se libró la defensa más vehemente, especialmente durante las primeras horas tras la imputación. “‘El que pueda hacer que haga’ llevado a su máxima expresión (...) El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. respeto a la presunción de inocencia y a la Justicia”, expresó en sus redes sociales la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. “La justicia necesita tiempo y el PP necesita titulares (...) No pararán”, defendió la portavoz del PSOE, Monste Minguez.
"No podemos convertir a Zapatero en un mártir perseguido por el sistema (...), ni tampoco entregarlo al espectáculo de una derecha que, cual hienas, disfrutan más del desgaste simbólico que de la verdad", defiende la abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Alejandra Jacinto.
En las próximas horas se levantará el secreto de sumario y las partes recibiran el detalle de las pesquisas de la investigación. El 2 de junio, Zapatero declarará ante la Audiencia Nacional.
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