La jueza de Valencia del caso Erial, ha emitido el auto de apertura del juicio oral, irrecurrible. En especial, este caso afecta al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, abocando al que fuera exministro de Aznar a sentarse en el banquillo acusado de corrupción por el caso Erial. Pero además, esta misma mañana se ha hecho pública la calificación del fiscal Anticorrupción en la que solicita 19 años de cárcel para Zaplana por su vinculación con el caso Erial. Zaplana ya fue procesado por el amaño de contratos de las ITV y del plan eólico de la Comunidad Valenciana.
En el auto, la juez explica que "durante su extensa carrera política formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés contando con la colaboración del núcleo de personas formado principalmente por los acusados Joaquín Miguel Barceló Llorens, Francisco Grau Jornet , Juan Francisco García Gómez y Mitsouko Florida Henríquez Alcántara cada uno de los cuales ostentaba una función dentro del organigrama diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión".
Y añade: "la organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero , en diferentes países y que estaban creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas , como para ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".
En cuanto al Ministerio Público, además de los 19 años de cárcel, también pide de una multa de 40 millones de euros para el expresidente. Al resto de imputados les solicita: a Joaquín Barceló, Francisco Grau y Mitsouko Henríquez (secretaria de Zaplana) 8 años de prisión. A Vicente y José Cotino 14 años de cárcel (empresarios corruptores) y a José Luis Olivas, también expresidente de la Generalitat 6 años.
En su escrito de calificación, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, afirma que Eduardo Zaplana, "durante su extensa carrera política formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional, y de gobierno, que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés". Y explica que, a través de dicha estructura, fue como se amañaron las adjudicaciones bajo investigación.
Fue cuando dejó la política activa, el 30 de abril de 2008, cuando, según el fiscal, Zaplana "realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros". Y para conseguir esto, dice la calificación que se creó un entramado de sociedades en el extranjero donde el expresidente supuestamente tenía el dinero de las mordidas escondido para luego repatriarlo y gastarlo en, por ejemplo, bienes inmuebles.
