Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte y más conocido como ‘El Albondiguilla’, quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, y para ello ha enviado un escrito a la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional en la que reconoce que trabajó para el grupo Correa dentro de la trama Gürtel. Panero se enfrenta a más de 40 años de prisión y, a unos días del juicio, está tratando de rebajar esa petición de cárcel.

Desde el Ministerio Público han aseverado que estudiarán el escrito, lo cual no quiere decir que, si no encuentran algo nuevo, no se muevan un ápice de su petición inicial de pena. Es por ello, que, de producirse alguna modificación en el escrito de acusación, se realizará en las conclusiones del juicio, tal y como ha adelantado El Periódico de España.

El escrito

En su escrito, El Albondiguilla asegura que a través de la empresa pública ESMV, de la que era presidente, “consentí el trato de favor al Grupo Correa, a cambio de recibir, las comisiones que luego se dirán”. Panero explica que su relación con Correa surge a través de José Galeote, quien era amigo del ‘cerebro’ de la Gürtel por el contacto que ambos mantenían en la sede del partido en la calle Génova debido a los actos de Correa organizaba. Asevera que accedió a conocer a Don Vito por el miedo que tenía de no ir en listas en las siguientes elecciones.

Los tres viajaron a Miami, donde se les unió Frasncisco Sánchez, directivo de Iberia y concejal en Villalba. Dice el escrito que Correa buscaba que Sánchez “quedase incorporado a la estructura de influencia de Boadilla del Monte.

Es en ese punto cuando Panero asegura que Francisco Correa no solo entraba en Génova como quería, sin necesidad de acreditación, sino que, también “tenía facilidad de contacto con el Palacio de la Moncloa”. Así comenzó una fructífera relación en la que los viajes a Miami para realizar inversiones fueron frecuentes. “La relación delictiva se fue incrementando hasta el año 2005”, fecha en la que asegura que rompió su relación personal y laboral con Francisco Correa, “sin que ello signifique que dejase de someterme a las intenciones de la organización, porque sus pretensiones eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición”. Como ejemplo de lo anterior, Panero habla de varios proyectos que se querrían amañar como el desarrollo del PGOU, un campus sanitario, el área comercial Banco Santander o un proyecto de residencias de ancianos.

En el escrito dice Panero que la tensión se incrementó hasta tal punto que Pablo Crespo, otra de las patas de la Gürtel junto a Correa y Álvaro Pérez, redactó un documento de “reglas de conducta”. Un escrito que en su primer punto ponía: “No te queremos joder la vida”.

Los amaños

En cuanto a los amaños, expone el escrito que se hicieron con la ayuda de los gerentes de la empresa EMSV. Asegura que Tomás Martín llegó a la gerencia a través de Correa, y que “contribuyó a la elaboración y revisión de los pliegos de EMSV en interés de la organización, además de ser el intermediario entre Correa y yo hasta su marcha a Arganda del Rey”.

Martín fue sustituido por Alfonso Bosch, otro ‘amigo’ de Don Vito, y que “fue recomendado por Antonio Cámara, persona de confianza del presidente del Gobierno, José María Aznar” tras perder su condición de concejal del Escorial, y antes de ser diputado autonómico. Por tanto, según el relato, Bosch estaba en la gerencia y el anterior gerente seguí de consejero de la empresa por órdenes de Correa. Explica que Bosch “era un gran relaciones públicas que tenía la facilidad de hacer ‘sugerencias’ a los técnicos a favor de las empresas afines a Correa”.

Presiones

Asegura que Bosch le presionó hasta el punto de hablar con su abogado y decirle que tenían un vídeo suyo contando dinero de las comisiones. Presuntamente le habría dicho que “actuara en consecuencia y que si fuera él, no dudaría en doblegarse a las pretensiones de Correa en asuntos urbanísticos e inmobiliarios por las consecuencias que podría acarrear pues el vídeo se había depositado ante notario”.

Según el escrito, se habría logrado sustraer hasta 1,8 millones de euros en ‘mordidas’ procedentes de los amaños de los contratos. En el juicio estarán en el banquillo 27 personas y 13 empresas acusadas de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.