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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia por la que fue condenado a más de 24 años de prisión por el Tribunal Supremo, argumentando que, durante el procedimiento del 'caso mascarillas', se le vulneraron ocho derechos fundamentales, como el de revisión de la condena, a la defensa o a la igualdad de armas.
En el recurso de amparo al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exministro, Marino Turiel, recurre la sentencia del alto tribunal, además de otras dos resoluciones del Supremo: la del pasado mes de octubre que inadmitió su recurso de nulidad y la que desestimó las cuestiones previas, poco antes del juicio por el que acabaron condenados él, su exasesor Koldo García a 19 años de prisión y el empresario y conseguidor Víctor de Aldama a cuatro, que no entró en la cárcel por su colaboración con la justicia.
Cabe recordar que Ábalos y Koldo, que llevan en prisión --entonces provisional-- desde noviembre de 2025, fueron condenados por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que Aldama lo fue por organización criminal y cohecho. Turiel justifica que este caso tiene "especial trascendencia constitucional".
Así, el abogado pide, entre otros asuntos, que se declare la nulidad de esa sentencia, "retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la audiencia preliminar" o, subsidiariamente, que "se declare la nulidad de la sentencia para que se dicte otra respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia y con el principio de proporcionalidad de la pena".
"La declaración de un coacusado exige corroboración mínima"
El letrado denuncia que se le vulneró el derecho a juez ordinario predeterminado por la ley y a revisión de condena, arguyendo que Ábalos dejó de ser diputado en enero de este año, "antes de la audiencia preliminar y sin fecha de juicio".
También señala que la condena se basó, "en buena parte, en mensajes presentado mediante informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y subraya que no se le otorgó "el contenido íntegro de ningún dispositivo", sino que el Instituto Armado "seleccionó".
Por otro lado, argumenta que se vulneró su presunción de inocencia, proceso con todas las garantías e igualdad de armas, por las declaraciones incriminatorias de Aldama contra Ábalos: "La declaración de un coacusado exige corroboración mínima por datos externos a ella sobre la participación del acusado".
Turiel señala, por ejemplo, que no se valoró que Aldama "siguiera pagando tras la ruptura" de Ábalos y su expareja Jéssica Rodríguez, ni tampoco "se justifica la participación consciente" del exministro en el arrendamiento de un chalet en La Alcaidesa (Málaga), así como "su impago, su resolución y la falta de licencia", entre otros extremos.
Inisiste en la recusación de cinco magistrados
Además, el letrado reitera, como ya hizo en su turno de cuestiones previas, la recusación que solicitó --sin éxito-- de cinco de los siete magistrados que conformaron el tribunal que juzgó el caso. Este hecho, a su juicio, vulnera su derecho a juez imparcial.
Y alega que hubo una "omisión de la prueba de descargo" respecto a la colocación de Rodríguez y Claudia Montes, relacionada con el ministro, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Asimismo, indica que se vulneró su derecho a motivación de la pena.
El abogado también denuncia vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en tanto que el Supremo "atrajo a García Izaguirre y Aldama por su 'conexión material inescindible', pero no aplicó ese criterio a las demás contrataciones con Soluciones de Gestión --vinculada a Aldama-- (Interior, Canarias y Baleares), ninguna enjuiciada".
Esto, a su entender, contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual "impone enjuiciar juntos los delitos conexos salvo excepción motivada" que, a su juicio, en este caso "no existe".
Un día después del inicio de la fase ejecutoria
El escrito llega un día después de conocerse que el Tribunal Supremo requiró a Ábalos, Koldo y Aldama que paguen, en el plazo de 15 días, los 647.000 euros a los que fueron condenados por el 'caso mascarillas' en concepto de multas, decomisos e indemnizaciones, según un auto a través del que la Sala de lo Penal abrió la fase ejecutoria de la sentencia.
Los magistrados que les juzgaron trasladaron el requerimiento a los condenados del pago de multas, del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho y las indemnizaciones a las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
En concreto, el alto tribunal ordenó a Ábalos el pago de multas por 52.500 euros, a su exasesor de 45.750 euros y al comisionista por 72.000 euros.
También fueron requeridos para proceder al pago del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho, indicando que la sentencia cifró los beneficios en 430.298 euros, "cantidad en la que se han beneficiado los tres condenados y del que Aldama era el encargado de repartirlo".
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