El Tribunal Supremo ha decidido no paralizar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, tal y como pedía la familia.
Los nietos del dictador, habían solicitado a la Justicia una serie de medidas cautelares con las que pretendían frenar el desarrollo de los preparativos aprobados por el Gobierno, en Consejo de Ministros del 8 de noviembre, y posteriormente votada en el Congreso.
Hay que recordar que ni si quiera el PP votó en contra de la exhumación de los restos de Franco, aunque ahora apunten a un cambio de rumbo.
Tras la decisión del Supremo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha movido ficha: ha anunciado que, según sus estimaciones, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos se realizará a finales de enero de 2019 o a principio del mes de febrero del mismo año.
“Daño irreparable”
Los nietos de Franco consideraban que el Supremo podía paralizar la exhumación hasta tener una decisión definitiva sobre el fondo del asunto; es decir, si el traslado de los restos del dictador es un hecho legal o ilegal.
Por ello, lamentaban que de llevarse a cabo la exhumación y posteriormente decidirse que no era legal, se podría recaer en un “daño irreparable”. Si el Supremo diera la razón a la familia una vez ya realizada la exhumación en el Valle de los Caídos.
"De nada serviría a mis representados que la justicia acabe dándoles la razón años después de que hayan tenido que pasar por el amargo trato de una exhumación tan humillante como dolorosa para ellos y en contra de su voluntad. No hay indemnización alguna que pueda paliar el daño moral que se les infligiría", rezaba el recurso presentado por el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, que es hijo del ministro franquista José Utrera-Molina.
El Gobierno sólo ha comenzado con los preparativos
Pese a ello, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, formada por seis magistrados y presidida por el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, ha rechazado las peticiones de los nietos de Franco. Le ha dado la razón al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo considera que la medida cautelar debe ser denegada porque el acuerdo del Gobierno no justifica la exhumación de los restos de Franco, ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso. En otras palabras, asegura que no se puede recaer en un “daño irreparable” porque la norma del Gobierno no implica que se valla a llevar a cabo el traslado de los restos de franco; si no que sólo implica que se hagan unos preparativos previos.
Además, los nietos denunciaban que en el procedimiento se estaban produciendo irregularidades varias. La decisión de la exhumación se sustenta en el real decreto ley de agosto, que modifica el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica. Así, regla que en el Valle de los Caídos "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".
Pero la familia de Franco señalaba que esta modificación sólo se estaba aplicando al dictador, por lo que se recaía en una política de "caso único".
Por último, sumado al posible “daño irreparable”, denuncian que el Gobierno está violando su "derecho a la intimidad personal y familiar", ya que los nietos han "manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo".