El obispo de Huesca y Jaca, señalado por ocultar durante años abusos sexuales en la orden escolapia

El obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, ha sido acusado por un ciudadano mexicano de 31 años, Javier Alcántara, de haber encubierto durante nueve años los abusos sexuales cometidos por un escolapio en Ciudad de México. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General mexicana, Aguado - que entre 2009 y 2025 fue superior general de los escolapios - habría conocido los hechos en 2010, pero no actuó hasta 2019, cuando la madre de la víctima se puso en contacto con él.

El presunto agresor, José Miguel Flores Martínez, abusó de varios menores entre 2006 y 2010 mientras era sacerdote en las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y del Sagrado Corazón, ambas en la capital mexicana. De acuerdo con Alcántara, tras conocerse las primeras denuncias internas, la orden optó por sacarlo del país y trasladar al sacerdote a España y después a Ecuador, en lugar de denunciarlo a las autoridades.

Un exreligioso escolapio mexicano, Baltazar Sánchez, que entonces era superior de la comunidad donde servía Flores, ha confirmado a 'El País' que informó personalmente a Aguado en 2010 de los abusos cometidos por el cura contra al menos dos menores. “Los mismos jóvenes lo platicaron conmigo. Entonces yo lo expresé inmediatamente al superior provincial de México, y luego al superior general, Pedro Aguado. Se lo dije en persona”, ha asegurado.  “Hice a conciencia el proceso que tenía que hacer, yo informé (...) Sí lo supieron”, ha afirmado el sacerdote. Pese a ello, el sacerdote fue simplemente reubicado en otro país, una práctica que podría constituir encubrimiento, según la legislación mexicana.

Por su parte, Aguado ha negado haber tenido conocimiento de las denuncias antes de 2019. En declaraciones escritas remitidas a ‘El País’ ha asegurado que fue entonces, al recibir la denuncia de la madre de Alcántara, cuando abrió un proceso canónico que terminó con la expulsión del religioso en 2020. Sin embargo, la víctima ha sostenido que, pese a la sanción, Flores continuó ejerciendo como sacerdote y mantuvo contacto con menores hasta su muerte en 2022.

Fotografías y publicaciones en redes sociales muestran al cura celebrando misas y participando en actos públicos incluso después de su supuesta expulsión, aunque había sido enviado a una casa de la orden en Tlaxcala, “sin poder comunicarse con nadie salvo con su madre”. En correos electrónicos a los que tuvo acceso el periodico antes nombrado, Aguado reconoce haber recibido esas advertencias y las califica de “hechos gravísimos” que el religioso siguiera ejerciendo como sacerdote tras ser expulsado y fue una “imprudencia pastoral” que luego recibiera honores.

El caso ha generado indignación en México y en España, especialmente tras conocerse que la orden escolapia rindió homenaje póstumo a Flores, presentándolo como “un católico libre de reproche y ejemplo que todos debían seguir”.

La denuncia de Alcántara

Estos hechos llevaron finalmente a Javier Alcántara a presentar, el pasado mes de mayo, una denuncia ante la Fiscalía General de México. En ella señala no solo al obispo Pedro Aguado, sino también a dos responsables escolapios mexicanos, Fernando Hernández Avilés y José Luis Sánchez Macías, por presunto encubrimiento. Contra su agresor directo, ya fallecido, no se puede actuar judicialmente, pero Alcántara asegura que busca que “se escuche su voz” y que quienes “ocultaron los abusos sean interrogados y castigados”.

La denuncia detalla que Alcántara sufrió violaciones y otras agresiones sexuales por parte del religioso entre 2006 y 2010, cuando el sacerdote ejercía en las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tlalcolijia, y del Sagrado Corazón, ambas en Ciudad de México. Los hechos salieron a la luz tras la llegada de un nuevo cura, Baltazar Sánchez, quien advirtió comportamientos irregulares. “Se dio cuenta de que José Miguel me violaba y me dijo que lo iba a denunciar”, relata la víctima. Alcántara admite que, por miedo, negó los abusos e incluso advirtió al agresor. Una semana después, coincidiendo con una visita pastoral del entonces superior general de los escolapios, Pedro Aguado, el sacerdote Flores fue trasladado y Sánchez enviado al extranjero.

“Yo observé algo, aparte porque otros jóvenes ya me habían comentado otros casos y como este jovencito estaba muy cercano a aquel padre... (...) Él lo negó. En ese momento defendió al padre”, recuerda Sánchez. Por ese motivo, cuando habló con Aguado en 2010, solo le mencionó los abusos de otros dos menores, no el de Alcántara.

El obispo de Huesca y Jaca ha rechazado conceder una entrevista y únicamente respondió por escrito a las preguntas del diario. En sus respuestas, ha negado haber tenido conocimiento en 2010 de la agresión a Alcántara y ha afirmado que tampoco “tuvo ni ha tenido ninguna otra información” sobre abusos de José Miguel Flores. Según una portavoz de la orden, el traslado del sacerdote “no fue ni mucho menos repentino y respondió a los cambios usuales que cualquier institución religiosa hace dando respuesta a las necesidades pastorales de sus fieles y de su comunidad”.

De acuerdo con la denuncia, los abusos comenzaron cuando Alcántara tenía 11 años y el sacerdote 49. Flores, amigo de la familia, lo invitó a colaborar como monaguillo y, en su despacho, lo manoseó y besó, asegurándole que “era lo que hacía un padre con su hijo”. Poco después, lo llevó a Tlaxcala, a casa de su madre, donde lo violó en repetidas ocasiones. “Durante la noche se metió en mi cama, comenzó a besarme y a masturbarme”. 

“José Miguel me dijo que me había violado por mi bien, que la experiencia me iba a ayudar con las mujeres”, ha expresado en la denuncia. A partir de ese momento, asegura, empezó a sufrir depresión y adicciones. Tras pasar por una clínica le contó todo a su madre 

Javier sufrió luego adicciones y tras pasar por una clínica le contó todo a su madre.  En septiembre de 2019, ambos contactaron con Aguado, quien los recibió primero en Roma y luego viajó a Cancún para reunirse con la víctima. “Me abrazó, me pidió perdón, me dijo que no iba a permitir que eso pasara en su congregación y que iba a denunciar a José Miguel ante al Vaticano. También que pensaría en un plan para ayudarme [económicamente y con los estudios]”. El obispo le aseguró que el sacerdote sería enviado “a un monasterio aislado en España” mientras se resolvía el proceso.