Multar a los padres de los menores que consuman alcohol. Esta es una de las nuevas medidas que se recogen en el informe sobre la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, una Ley que ya ha recibido el visto bueno del Senado y que espera su aprobación en el Congreso.
En caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor. Todo con el objetivo de intentar bajar la edad con la que lo jóvenes se inician en el consumo de alcohol, que se encuentra en los 13 años.
El botellón sigue prohibido
Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, lo que popularmente se conoce como botellón salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos; y endurecer las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que venda o suministre alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurado.
El informe, que parte de que “los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes”, muestra como “objetivo primordial” retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, ya que algunos son “escépticos” puesto que existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales “y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado”.
El informe, por tanto, afirma que “cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario”.
Esto implica “sensibilizar” a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.
También se plantea la creación de un Observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes implicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio Nacional de Drogas y Adicciones. Para ello, se prioriza incluir en el Plan Nacional sobre Drogas actuaciones específicas “sobre los menores y el alcohol”; y ampliar, en el ámbito judicial, equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados de guardia, para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.
