El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sancionado este miércoles con 4.125 millones de euros a Google por sus prácticas monopolísticas. Esta multa se ha convertido en histórica por una cuantía nunca antes alcanzada y que, aun así, ha bajado desde los 4.343 millones que había impuesto la Comisión Europea a la compañía tecnológica en 2018 tras la estimación parcial de su recurso por parte del organismo judicial.

El motivo de la multa corresponde a la imposición que realizó Google a los fabricantes de dispositivos con el objetivo de que instalaran en ellos su sistema operativo, Android. Esta situación habría resultado en una alteración de las normas competitivas en el mercado y aupado a la firma estadounidense a consolidarse en su posición dominante.

La rebaja del total de la sanción económica que la Comisión Europea había previsto inicialmente no ha supuesto que esta siga ostentando el título de la mayor multa aplicada por las instituciones europeas. De hecho, la que se encuentra en segundo puesto también se impuso a la misma empresa tecnológica por otro abuso de posición dominante con su comparador de compras Google Shopping, lo que desembocó en una sanción de 2.420 millones a causa de la prioridad que proporcionaban a sus propios resultados en las búsquedas.

Única opción para un Google que “tiene que parar”

La multa histórica que la justicia europea ha avalado tiene su origen en las diversas denuncias contra Google por unas prácticas comerciales que la Comisión Europea comenzó a investigar en un procedimiento abierto en 2013. No fue hasta 2018 cuando la institución que representa el poder ejecutivo de la Unión Europea anunció la sanción económica contra la empresa tecnológica por “su posición dominante al haber impuesto restricciones contractuales anticompetitivas a los fabricantes de dispositivos móviles y a los operadores de redes móviles”. De hecho, se comprobó una situación que se venía produciendo al menos desde el año 2011 y por la que Margrethe Vestager, comisaria de Competencia y actual vicepresidenta, afirmó públicamente que “Google tiene que parar”.

"El Tribunal General desestima en lo esencial el recurso interpuesto por Google; se limita a anular la decisión solamente en tanto en cuanto esta declara que los acuerdos de reparto de ingresos por cartera mencionados constituyen, en sí mismos, un abuso", ha detallado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un comunicado. Ante ello, la única opción que tiene la empresa de tecnología estadounidense es un recurso de casación ante el mismo organismo judicial.