El partido ecologista español EQUO ha presentado una batería de preguntas parlamentarias con la intención de que se investigue los numerosos incendios que han ocurrido en plantas de reciclaje y vertederos en los últimos meses, así como las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para evitarlos. Una planta de reciclaje en Córdoba, una planta de gestión de residuos en Serranillos del Valle (en Madrid), una planta de reciclaje planta de reciclaje de papel, cartón y plástico en Alicante... EQUO ha denunciado que el número de este tipo de incendios ha aumentado de manera nada desdeñable en los últimos dos años, y en algunos casos, como el de Chiloeches, las plantas se han incendiado varias veces. Además, según la memoria de actividades del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil correspondiente a 2016, ese año los agentes denunciaron 25.997 infracciones administrativas a la normativa sobre residuos y vertidos, a las que se suman otras ocho infracciones penales de depósitos de residuos tóxicos o peligrosos. Y también  en relación con los residuos, el Seprona denunció 43 infracciones penales por atentado contra los recursos naturales y el medio ambiente y la flora y fauna, hechos por los fueron investigadas o detenidas otras 112 personas.

España, ante el TJUE por su gestión de residuos

Ante este panorama, EQUO ha preguntado al Gobierno si se está haciendo un seguimiento del número de casos y si considera que hay una causa común en todos estos incendios. “La acumulación de cualquier tipo de residuos genera un riesgo, pero es muy sospechoso que las plantas de reciclaje de residuos ardan con tanta frecuencia, generando además problemas graves para la salud pública debido a la contaminación que provocan esos incendios“, ha declarado en la Cámara Baja española Juantxo López de Uralde, diputado en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Ya en 2014 la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de la UE de Justicia (TJUE) por la mala gestión de residuos. Según la legislación comunitaria, los Estados miembros deben recuperar y eliminar los residuos de una manera responsable, que prohíbe el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos.