Las administraciones ultiman el cambio de señales en más de 10.000 kilómetros de carreteras convencionales en las que entra en vigor este martes la bajada del límite máximo de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora. La Dirección General de Tráfico (DGT) no dará plazo de adaptación a los conductores y se comenzará a multar desde hoy mismo.

El límite de 90 km/h regirá también para autobuses, autocaravanas de masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilos y vehículos mixtos adaptables.  Los camiones, furgonetas, autocaravanas de masa máxima autorizada superiora 3.500 kilos, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de vehículos tendrán que circular como máximo a 80 km/h.

En la línea de otros países europeos

La medida busca reducir el número de accidentes con víctimas, de los que el 75% ocurren en este tipo de carreteras. El año pasado murieron más de 900 personas. Se trata de una iniciativa que ya han aplicado muchos países europeos: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Portugal. Otros la han fijado en 80 km/h. Es el caso de Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Liechtenstein, Malta, Noruega, Países Bajos y Suiza). Suecia, incluso, la ha rebajado a 70 km/h.

Una medida que paró el PP

En España, la medida se anunció en 2011, por lo que ha tardado ocho años en ponerse en marcha. La impulsó el entonces director general de Tráfico, Pere Navarro, y la paró el exministro del Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Ahora, con Navarro otra vez en el cargo, se ha retomado el plan.

Pere Navarro ha acusado al PP de pensar más en los votos que en los conductores. "Sino se ha hecho en estos últimos años ha sido porque hay gente que piensa que bajando la velocidad se pierden votos o a la inversa, que subiendo la velocidad se pueden ganar votos", ha dicho.

El cambio de señales costará unos 440.000 euros, a lo que hay que sumar el presupuesto que destinen comunidades autónomas, diputaciones provinciales y otras administraciones locales.