¿Por cuánto se tasaría la Mezquita-Catedral de Córdoba? El valor sería incalculable. Recientemente el programa La Sexta Columna emitió un reportaje en el que se cuenta que la iglesia católica pagó 30 euros por inmatricularse, o sea, el coste del procedimiento.

Concretamente, lo que hizo la iglesia fue “pagar el formulario para poder inscribir en el Registro Público de la Propiedad de Córdoba la titularidad de la iglesia que nadie discute, después de trece siglos de posesión pacifica de ese bien”, dice Gabriel Ariza, fundador de Infovaticana.com. “Nadie en el planeta justificaría que un bien que no se puede valorar económicamente, haya podido ser privatizado por la escandalosa cantidad de 30 euros”, señala el portavoz de Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez.

El descubrimiento surgió cuando Antonio Manuel, profesor de derecho en la Universidad de Córdoba, empezó a ver folletos y carteles en los que la Mezquita-Catedral aparecía nombrada solamente como “catedral”. Incluso el obispo de Córdoba reniega de llamar a esta joya andalusí “mezquita”, rechazando ocho siglos de historia del pueblo andaluz “con un relato ficticio, falso, xenófobo y racista”.

Todo esto fue posible gracias a la modificación de la ley hipotecaria de Aznar. El expresidente permitió que la Iglesia pudiera inmatricular los templos de culto, suprimiendo la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico en el año 1998. Jaseús Bastante, redactor jefe de Religión Digital dice que “si el templo es de la comunidad que lo utiliza, no es del sacerdote. No es de la institución que se llama diócesis o parroquia”.

Una comisión de expertos formada por el Ayuntamiento de Córdoba ha defendido hoy que la Mezquita-Catedral "nunca" fue propiedad de la Iglesia y ha planteado recurrir al Tribunal Constitucional la inmatriculación del monumento, mientras que el Cabildo de la ciudad ha apelado a la "responsabilidad". Según el informe, la Iglesia "no tiene, ni puede tener título de propiedad alguno" sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba "inmatriculó a su nombre la 'Santa Iglesia Catedral'" en 2006.


Además, el informe considera "injusta" la situación actual y "lesiva para los intereses de la ciudadanía" y propone una serie de actuaciones para "solucionar el conflicto planteado" tras la inmatriculación. Entre ellas, se plantea "recabar los apoyos parlamentarios necesarios" para llevar a cabo un "recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", con el objetivo de "anular" la inscripción de la "Santa Iglesia Catedral".

Por su lado, el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha manifestado que "numerosas instancias judiciales y de la Administración" han reconocido que el templo "es propiedad de la iglesia desde 1236" y ha señalado que en 2014 el Ministerio de Hacienda confirmó que el mismo "no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado". El Cabildo también pone de ejemplo el Convenio de Colaboración suscrito con la Junta de Andalucía en 1991, en el cual se reconoce a la institución eclesiástica como titular del monumento, mientras que otro informe de la asesoría legal del propio consistorio "reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba". Por ello, el Cabildo ha pedido "responsabilidad a los políticos e instituciones" para que "no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba".

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado que elevará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el informe para que lo tengan en consideración. Ambrosio ha agradecido el "esfuerzo" de los expertos que han participado en la elaboración del informe y ha asegurado que su encargo por parte del Ayuntamiento se debió a la necesidad de "buscar nuevas vías" para defender la titularidad pública del monumento. En esta tesis, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza ha apuntado que con el informe queda "demostrado" que la Iglesia "nunca" ha sido propietaria de la Mezquita-Catedral y que la inmatriculación realizada en 2006 fue "indebida".

Al respecto, el presidente del foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, ha considerado que el informe es un "ataque" a la libertad religiosa y "ofrece argumentos sin base jurídica alguna", por lo que la polémica sobre las inmatriculaciones "es artificial y basada en cuestiones ideológicas y no jurídicas".

Finalmente, el portavoz de la plataforma ciudadana "Mezquita-Catedral, patrimonio de todos", Miguel Santiago, ha estimado que el informe "afianza" que el proceso para devolver los bienes inmatriculados por la Iglesia en España es "irreversible". Santiago, en declaraciones a EFE, ha señalado que "hoy es un día muy importante para el patrimonio español" porque la comisión "ha demostrado con argumentos científicos e históricos que la Mezquita-Catedral ha sido desde siembre propiedad del Estado".

El informe ha sido elaborado por Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento porque dejó comisión tras su nombramiento para formar parte del Gobierno.