Julio Iglesias, demandado por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"

Las denuncias de varias trabajadoras contra Julio Iglesias por abusos y agresiones sexuales no son los únicos comportamientos reprobables que se atribuyen al cantante español. El cuestionado artista afronta también varios procesos judiciales por la presunta vulneración de los derechos laborales de varios trabajadores que estuvieron empleados en su finca de Punta Cana y que habrían sido despedidos de forma improcedente, sin la liquidación ni la indemnización correspondientes, de Villa Corales 5, nombre de la villa que agrupa diversas casas, oficinas y un estudio de grabación.

La investigación realizada por Univisión Noticias y elDiario.es sigue revelando las prácticas que el cantante tenía con el personal al que empleaba, según denuncian decenas de trabajadores. En esta ocasión, los hechos que se le imputan al Iglesias no están relacionados con el ámbito sexual, pero vuelven a representar un supuesto abuso de poder. Los hermanos Villanueva, Rogelio y Eleuterio, sufrieron estas prácticas en plena pandemia de la Covid-19, cuando fueron despedidos después de 21 y 9 años trabajando para Iglesias, respectivamente, sin siquiera percibir finiquito.

Las labores que realizaban estos trabajadores iban desde la carpintería, la soldadura o la pintura hasta la conducción del coche como chófer. Sin embargo, el cantante les otorgó la categoría laboral de “personal doméstico”, figura que en República Dominicana tiene asociados menos derechos laborales.  “Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, denuncia Eloy Bello Pérez, abogado de los trabajadores que han denunciado al cantante.

“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, ha trasladado Rogelio Villanueva a los dos periódicos al cargo de la investigación. La tesis que quiere desmontar el abogado es que estos dos y más empleados involucrados fuesen trabajadores domésticos, que según la normativa dominicana no tienen derecho a la indemnización por despido improcedente, de 23 días por año trabajado a partir de los cinco años. Y para ello se basa en que Villa Corales 5 no es una casa, sino “una empresa”.

El uso del estudio de grabación para la producción musical o los alquileres de algunas de las casas de la Villa que apuntan los trabajadores son algunos de los principales argumentos. “Utiliza la estrategia de violar los derechos de los trabajadores”, acusa el abogado al cantante, asegurando que se aprovecha de que los afectados “no proceden contra la empresa”, generalmente, “por miedo” a “no poder trabajar más en la zona de Bávaro”.

Proceso abierto

El proceso judicial lleva abierto años, pero aún no ha concluido. El juzgado de Trabajo de La Altagracia condenó al cantante a pagar a los denunciantes, pero la cantidad era mucho menor a la que estos exigían, por lo que procedieron a apelar. Los juzgados de trabajo de San Pedro de Macorís sí que consideraron el despido improcedente y condenó a Iglesias a pagarle las prestaciones laborales, los salarios impagados desde que se iniciara el proceso y a indemnizarles por no haberles inscrito en la Seguridad Social.

El cantante, no contento con las indemnizaciones “exorbitantes”, presentó un recurso de casación que volvió a elevar el caso a una instancia superior. La nueva vista se espera en febrero, momento en el que podría conocerse sentencia, y el abogado lamenta que se esté alargando tanto. “Las prestaciones equivalen a cinco o seis botellas de vino de su cava. Ya con eso lo hubiese pagado”, ha expuesto.