La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene abierta una investigación sobre la periodista Cristina Seguí, el asesor de Vox, Bertrand Ndongo y el subinspector de Policía Alfredo Perdiguero, en el marco de la difusión de los audios de la víctima de abusos sexuales por parte de los ex jugadores del Arandina.
En los últimos compases de 2019, infinidad de cuentas de Twitter y Facebook, amparadas en el anonimato y vinculadas con la extrema derecha española, difundieron los audios de la joven en las diferentes aplicaciones. Ante esto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda abrió una investigación por un posible atentado contra la intimidad.
Según ha revelado Facua, la organización emitió certificados digitales de gran parte de los mensajes que contenían los audios y los puso a disposición de la AEPD y de la Fiscalía. Una iniciativa llevada a cabo como método de prevención ante la posible eliminación de los comentarios por parte de sus autores o de las propias redes sociales.
Facua-Consumidores en Acción subraya que los hechos también fueron denunciados por el periodista Stéphane M. Grueso y otro ciudadano.
La AEPD, en el 2019, ya determinó, independientemente de las responsabilidades penales que se pudieran dictaminar, que una persona física no puede ser objeto de sanción por parte de la Agencia por la difusión de comunicaciones personales sin previa autorización. El ejemplo más reseñable es la grabación y consiguiente difusión de un vídeo de la víctima de La Manada.
En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de Burgos estimó que los ex jugadores del Arandina incurrieron en delitos de agresión sexual y los condenó a 38 años de prisión. No obstante, tres meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León redujo la pena a la categoría de abuso sexual, absolviendo a uno de los futbolistas y rebajando la condena de los otros dos a cuatro y tres años respectivamente. La Fiscalía ya pidió al Supremo la revocación de la sentencia que rebajó las sanciones.
