Más de 700 consultas médicas de presos programadas en los dos últimos años, así como otras muchas visitas a hospitales por urgencias, sólo en la Comunidad Madrid, no se han podido realizar por falta de recursos de la Guardia Civil, según una denuncia presentada ante el Parlamento Europeo por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Según explica la asociación mayoritaria de guardias civiles, un número elevado de casos de esas urgencias exigía ser atendidos con carácter inmediato o en menos de dos horas, y no se han realizado o se ha obligado a los agentes a trabajar durante "jornadas maratonianas" para poder cubrirlas. La AUGC ha denunciado que se vulneran derechos humanos de los presos y los guardias.
En su queja ante el Parlamento Europeo, la asociación advierte de que por la falta de efectivos de la Guardia Civil que puedan realizar esta labor, presos con con patologías cardíacas, respiratorias, renales o vasculares tendrán que ser trasladados a centros médicos por funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que "carecen de medios apropiados y no obstentan la condición de agente de la autoridad". De lo contrario, los reclusos tendrían que esperar, con el riesgo que representa para su vida, que los guardias civiles que realizan que realizan la conducción de presos queden liberados para darles el servicio.
La asociación recuerda que muchos de esos trabajos de custodia se realizan en capitales de provincia, donde la competencia en seguridad ciudadana la ostenta la Policía Nacional. Según datos de la AUGC, en los últimos diez años la plantilla del Cuerpo policial se ha incrementado en casi 5.800 efectivos, mientras que la de la Guardia Civil ha disminuido en casi 1.400 agentes.
Se vulneran derechos humanos
La Asociación Unificada de Guardias Civiles critica que el Ministerio del Interior destine 8.3 millones de euros a la retirada de concertinas en Ceuta, para no vulnerar derechos humanos, pero no busca soluciones a las carencias de temas penitenciarios como el denunciado. Asimismo, añade que ha puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministerio del Interior y al Defensor del pueblo de la situación y "hasta el momento se han tomado medidas".
"La Secretaría de Estado de Seguridad sigue sin emitir respuesta a la queja que tramita el Defensor del Pueblo, habiendo sido requerida hasta en dos ocasiones por el Alto Comisionaro del Congreso, ya que no recibe respuesta a su solicitud de información", subraya la AUGC, que pide al Mecanismo Nacional de Prevención de la Torture que inspeccione todos los calabozos y centros de custodia situados en los juzgados de toda España porque "muchos de ellos incumplen todas las normas internacionales y nacionales que los regulan".
