Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco autores de la violación en grupo en los Sanfermines de 2016, ingresó en prisión preventiva en julio de ese mismo año, pero fue puesto en libertad en junio de 2018. Un año después el Tribunal Supremo confirmó el delito por agresión sexual y condenó a los cinco a 15 años de cárcel.
Desde entonces, Guerrero ya ha cumplido un cuarto de la condena, por lo que a partir de ahora podrá solicitar permisos. No obstante, estos dependen de la valoración que hace la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, que, a su vez, responde a cuestiones como el tiempo de condena que ha cumplido el interno, su comportamiento, si ha reconocido el delito, si he pedido perdón a las víctimas o si ha restituido el daño cometido.
Sin embargo, en la carta que ha remitido Guerrero al tribunal de la Audiencia de Navarra, ofrece un “plan de pago” consistente en indemnizar a la víctima con 10 euros al mes.
Concretamente, en el escrito enviado por el guardia civil autor de la violación, se expresa: "Independientemente, (de que) conste en la causa auto de insolvencia, quiero ir satisfaciendo fraccionadamente la responsabilidad civil derivada del delito por el que fui ejecutoriamente condenado, proponiendo al tribunal sentenciador un plan de pago consistente en pagos mensuales de 10 euros, en la cuenta de consignación de la Sede Judicial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 126.1 del Código Penal”.
Esto se encuentra bajo el marco de la indemnización de 100.000 euros dictada por el Supremo en 2019, de los cuales Guerrero tan solo ha pagado 1.675 euros y entre todos, 37.310 euros. No obstante, casi el 70 por ciento de esta cantidad procede de la venta de un piso que uno de ellos, Alfonso Cabezuelo, tenía en Sevilla. El año pasado, el juez ordenó embargarlo y poder pagar a la víctima ya que hasta ese momento los cinco violadores solo habían ido pagando pequeñas cuantías “de entre 10 y 50 euros” al mes.
En la carta remitida por Guerrero, este también hace referencia a la víctima de otra agresión cometida en mayo de 2016 en Pozoblanco. Así, ha señalado: "También tengo que satisfacer otras responsabilidades civiles del Juzgado de lo Penal nº 1 de Córdoba". Por esta agresión tanto él como otros tres integrantes de La Manada se encuentran bajo una condena de dos años y nueves meses. En este escrito, Guerrero señala: “Actualmente no puedo aportar más de lo que me encuentro satisfaciendo, al encontrarme privado de libertad, pero me comprometo a satisfacer completamente la responsabilidad civil. Y, si obtuviera ingresos, me comprometo a incrementar la cuantía mensual”.
“No es abuso, es violación”
La sentencia ratificada por el Tribunal Supremo el 21 de junio de 2019 marcó un antes y un después en un caso que ha puesto a la Justicia en el punto de mira y que ha sido el motivo de múltiples reivindicaciones y movilizaciones.
El fallo del Supremo aumentó hasta 15 años la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que en un principio acordó nueve años de cárcel a José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Jesús Cabezuelo. De acuerdo con la petición por parte de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares, al Alto Tribunal consideró que las relaciones se produjeron en “un ambiente intimidatorio en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados”, lo que hizo que los hechos se consideraran como violación, y no solo abuso.
