El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso conocía desde agosto pasado la investigación de la Policía Nacional sobre el caso de menores que estaban siendo prostituidas en narcopisos en el sur de la capital a cambio de drogas y dinero, incluida una menor tutelada por la Comunidad de Madrid que estaba siendo utilizada por su propio padre, uno de los cabecillas de esa red. La información, desvelada hoy por El Mundo, desmiente a la presidenta madrileña, que afirmó que su Ejecutivo no tenía noticias de ello porque la Delegación del Gobierno no le había informado.

Según la referida noticia, la sección de protección de menores de la Fiscalía envió el atestado del caso, con fecha de 23 de agosto, a la Dirección General de la Infancia, Familia y Natalidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. En ese documento se facilitaba información de las indagaciones policiales sobre la adolescente y su entorno, se indicaba que estaba tutelada por la Comunidad de Madrid y que se había fugado varias veces de centros de protección, por lo que la Policía Nacional pedía que se adoptaran medidas desde las instituciones públicas para cuidar de ella.

La Fiscalía informó a la Consejería

En el documento se explicaba que la menor había contado en el centro de protección, del que se escapaba con asiduidad, que había sido vendida por su padre a cambio de cocaína y que mantenía relaciones sexuales con amigos de su progenitor. Además, que la adolescente fue derivada a un centro especializado en deshabituación de drogas del que se volvió a escapar "siendo localizada en zonas dedicadas al ejercicio de la prostitución y al tráfico y consumo de estupefacientes". La Policía Nacional reclamaba en su atestado a la Fiscalía de Menores "medidas de seguridad para proceder al ingreso de la menor en un centro de régimen cerrado".

A finales de agosto, la Fiscalía contestó a la Policía que se había "dado trasladado del mismo escrito a la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad", un organismo dependiente de la Consejería de Política Social de la Comunidad de Madrid.

Una segunda menor tutelada

El 1 de septiembre, tres días después del envío del citado atestado, la directora de un centro de protección de menores de la Comunidad de Madrid denunció ante la Guardia Civil y por recomendación de la Policía Nacional que otra menor, también tutelada, había sido encerrada en un narcopiso de Usera y violada durante dos días por un hombre dominicano tras consumir cocaína. La chica, de 15 años, consiguió escapar y pedir ayuda en la calle a unos agentes, que la trasladaron a un hospital, donde confesó a los médicos las agresiones sexuales. Una semana después, la Policía Nacional ya conocía que las dos menores eran amigas y habían pasado por el mismo centro de protección, dependiente del Gobierno regional, que, supuestamente, también fue informado del segundo caso.

La Comunidad de Madrid negó durante los primeros casi días que las menores rescatadas estuvieran tuteladas o acogidas en un centro bajo su protección antes o durante el dispositivo policial, cosa que posteriormente rectificó, reconociendo que, al menos tres de ellas sí lo estaban.

Ayuso acusó a la delegada del Gobierno de no informar

Durante una entrevista en la Cadena Ser, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que en un primer momento habían negado que alguna de las diez menores rescatadas estaban tuteladas en centros de la Comunidad porque así se lo había transmitido la delegada del Gobierno, Mercedes González, al consejero de presidencia, Enrique López, en una conversación telefónica.

La versión de la Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno de Madrid negó esa versión de los hechos y explicó que no tiene competencias para saber el estado de tutela de las menores y que esto es competencia exclusiva de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige Concepción Dancausa. Según la Delegación, cuando el pasado 3 de enero saltó la noticia de la detención de la red de prostitución a los medios, el consejero de Presidencia de la Comunidad llamó por teléfono a la delegada del Gobierno preguntando si existía una operación abierta por la Policía sobre menores tuteladas. Tras pedir información a las Fuerzas de Seguridad del Estado, González le comunicó a López que se trataba de una operación Policial cerrada el 30 de noviembre, pero que en ningún momento se habló sobre la tutela o no de las menores por parte de la Comunidad de Madrid. Un informe enviado por la Policía a dicha delegación con posterioridad hacía referencia a que al menos cinco de las diez menores liberadas habían tenido algún tipo de relación con centros de acogida de la Comunidad.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, mantiene que la Policía Nacional no les avisó de la investigación sobre las menores tuteladas.

37 personas detenidas

En noviembre fueron detenidas 37 personas que se dedicaban a atraer a las adolescentes en situación de vulnerabilidad para abusar de ellas sexualmente, prostituirlas y utilizarlas de cebo para la venta de drogas. Al menos tres de las menores estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y otra por la Comunidad de Castilla-La Mancha. Entre los arrestados está el youtuber y cantante de rap Saymol Fyly, un dominicano de 21 años, que tiene 154.000 subscriptores en esa red social en la que ha publicado contenido hasta el pasado 28 de diciembre. Este joven habría servido a la trama para atraer a las chicas, según las investigaciones. 

La mayoría de los detenidos en está operación policial están acusados de corrupción de menores, delitos de abuso sexual sobre menores, detención ilegal, delito contra la salud pública y de inducción al abandono de la familia.