La Fiscalía General del Estado ha propuesto reforma el Código Penal con el objetivo de rebajar las penas en los casos de delitos de odio cometidos en las redes sociales. Esta propuesta está incluida en la Memoria de año 2017 de la institución que este lunes ha presentado la fiscal general, María José Segarra, y pasa por modificar el artículo 510 del Código Penal por el que en estos últimos años se han condenado a penas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes de contenido racista, homófobo o antisemitas.

El Ministerio Público propone rebajar las penas de prisión previstas o contemplar medidas alternativas a la cárcel en casos en los que “por su contexto contenido, ausencia de reiteración o características o circunstancias personales del autor” no merezcan una pena tan elevada.

El artículo 510 del Código Penal contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para aquellos que inciten públicamente al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia. En casos en los que el delito se cometa a través de un medio de comunicación social o por Internet, la pena mínima posible es de dos años y medio. La Fiscalía cree que este régimen punitivo es demasiado “severo” y desproporcionado.

El hecho de contemplar penas alternativas a la cárcel se sugirió en una directiva de la Comisión Europea contra el racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. El Ministerio Público explica que estas alternativas podrían ser multas, pérdida de derechos políticos, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido y que permitan “su reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas”. La Fiscalía cita como ejemplo la obligación de visitar uno o más memoriales del Holocausto o desempeñar actividades en entidades y colectivos que representan a las víctimas.