La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha alegado que la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) fue creada "en fraude de ley" para permitir y regular cualquier actividad sexual, incluida la prostitución por cuenta ajena, y por tanto, para fines distintos a los previstos por la legalidad. Así lo ha expuesto el fiscal de la Audiencia Nacional, Benito Ejido, durante la celebración este miércoles 14 de noviembre de la vista en la que se ha analizado el recurso presentado por la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla contra los estatutos del sindicato. Según ha argumentado, "no cabe" la sindicación para "ejercer unas pretendidas relaciones laborales" que "incluso pueden ser delictivas".
"Si no, se hubiera excluido expresamente la prostitución en los estatutos. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque se pretende usar esta vía para legalizar la prostitución", ha alegado. En este sentido, ha añadido que si lo que se quiere es legalizar esta actividad deberá hacerse "por otra vía", no por la vía judicial que se dedica a aplicar las leyes y el derecho.
Este miércoles también estaba prevista la celebración de otra vista para abordar el recurso que, por su parte, presentó la asociación pro Derechos Humanos L'Escola, dirigida contra el acto administrativo de la inscripción del sindicato que hizo la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, ha sido suspendida hasta que el tribunal haya dictado sentencia sobre la legalidad de los estatutos de la organización.
OTRAS fue inscrito como sindicato el pasado mes de agosto, sin embargo, desde el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la ministra Magdalena Valerio afrimó desconocer su publicación y reconoció que le habían metido "un gol por la escuadra" y que la inscripción del sindicato de trabajadoras sexuales había sido un "error". De hecho, el propio Ministerio anunció la puesta en marcha de un recurso para impugnar los estatutos del sindicato, que nunca llegó a presentar y tras meses de inacción remitió un informe a la Fiscalía General del Estado explicando el error y exponiendo los argumentos a los fiscales, dado que el Ministerio actuar a través de la Abogacía del Estado al haber expirado el plazo para que el Ministerio impugnase los estatutos. De hecho, antes de las instrucciones de Trabajo, la fiscalía había llegado a pedir que se archivase la denuncia de L'Escola.
El ministerio fiscal hace suyos los argumentos de las feministas
En la vista que se ha celebrado este miércoles, el fiscal ha expuesto una postura contraria a la constitución de OTRAS, apuntando que la "única" solución es la estimación de la demanda y la declaración de la nulidad de los estatutos. El representante del Ministerio Público ha hecho hincapié en que la actividad empresarial contemplada en los estatutos consiste en que la obtención de un beneficio a costa de la prostitución, y eso "no puede ser admitido".
En este contexto, ha apuntado que el Código Penal ya sanciona "a quien se nutre" de este tipo de explotación que "ni es lícita ni está amparada legalmente". Según el fiscal, el hecho de existir un contrato laboral con el empresario, hace que la mujer "renuncie a la libertad sexual" que, a su juicio, debiera existir en toda relación. "La relación laboral le haría estar condicionada", ha argumentado.
En esta misma línea se han pronunciado las abogadas de la demanda Charo Carracedo y Sara Vicente Collado durante la presentación de la misma ante el tribunal, que además que nulidad de los estatutos, reclaman la cancelación de la inscripción de la organización. "No tiene cabida un contrato laboral en lo que sea el objeto la prostitución", han reiterado.
Las actrices porno y las bailarinas eróticas ya están regularizadas
Según ha incidido, las trabajadoras sexuales a las que OTRAS dice que quiere dar amparo, como las actrices porno o masajistas eróticas, "ya tienen su situación regularizada" y, por lo tanto, "no necesitan ser adjetivadas". "La pretensión real no es esa, es la prostitución, que es la actividad nuclear esencial que se quiere sindicar", ha dicho Sara Vicente, de la plataforma 8M Sevilla.
Para las abogadas, se busca "habilitar la legitimación del empresario", es decir, del "proxenetismo". Según han defendido, en el modelo social y jurídico actual "no cabe" establecerse un marco para obtener plusvalías de la comercialización del cuerpo de las personas", al tiempo que ha dicho que la actuación pretendida por OTRAS "colisiona con el ordenamiento jurídico, también con el internacional, así como con toda la lucha para combatir la trata de mujeres.
Además, ha recalcado que la actividad empresarial "tiene un límite", avisando de que la legalización del sindicato "manda un mensaje" acerca de que las mujeres "pueden ser devaluadas".
OTRAS cree que "el debate sobre la prostitución está ideologizado"
Por su parte, la representante legal del sindicato OTRAS ha subrayado que la organización pretende "actuar en defensa" de las mujeres dedicadas a la industria pornográfica, entre otros sectores, y de sus derechos. Según ha manifestado, "constituirlo no es legalizar la prostitución", solo es "regularizar la actividad de este ejercicio" en beneficio de las trabajadoras por cuenta ajena. "No de prostitutas", ha apostillado.
En este contexto, ha lamentado que el debate sobre la prostitución haya adquirido tintes "ideológicos" y está "altamente" mediatizado, al tiempo que ha reivindicado que el trabajo sexual es "más amplio" que eso. Por último, la abogada de OTRAS ha avisado de que declarar la nulidad de la inscripción de la organización "ataca directamente" al derecho a sindicarse y ha advertido de que en ese caso quedará "reconocida" la patronal pero "no la parte social" de la actividad.
