Los problemas judiciales cada vez ahogan más al rey Emérito y sus asesores buscan la manera de minimizar cualquier tipo de pena en un posible juicio. El equipo de Juan Carlos I ha encontrado una escapatoria a la acusación de delito fiscal y constituye la regularización de su situación con Hacienda, según desvela El Confidencial.

Los asesores de Juan Carlos I valorarían el alcance del artículo 305 del Código Penal, que alberga la regularización fiscal voluntaria con el fin de evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que se notifique la investigación.

“Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se hay procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”, reza el citado artículo.

Según El Confidencial, estas previsiones ampararían a Juan Carlos I, pues hasta el momento no ha recibido notificación alguna de apertura de inspección tributaria, ni de proceso judicial o fiscal. Por lo tanto, la situación del Emérito en la actualidad se adscribe al artículo 305 del Código Penal para evitar el proceso por fraude fiscal.

Los asesores del Emérito le instan a no adherirse a la inviolabilidad ni aducir la prescripción de las presuntas infracciones con el fin de que el coste de la regularización sea menor. No obstante, según El Confidencial, el problema del monarca es que “quizás ahora no disponga de los importes, dado que tendría que ser una regularización completa y total”.

La regularización fiscal del rey Emérito conllevaría la confesión de la recepción de fondos y otros bienes. Es decir, renunciar a la inviolabilidad y a la conclusión de averiguaciones del fiscal solo por presuntas infracciones fiscales, pero no de las subyacentes.