El Informe Global que realiza anualmente Amnistía Internacional sobre las penas de muerte muestra una notable caída en las ejecuciones en 2018: un 31% menos a nivel mundial. Lo que supone alcanzar la cifra más baja de los últimos diez años. Toda una victoria de los Derechos Humanos.
Aun así, los datos son escalofriantes: durante 2018 se registraron 690 ejecuciones en 20 países diferentes, algunos del primer mundo, otros en vías de desarrollo y otros del tercer mundo. La cifra de condenas a muerte es mayor, al menos 2.531 condenados en 54 países.
A comienzos de 2019, 106 países habían abolido la pena de muerte de sus leyes para todos los delitos, sumando la mayoría de Estados que hay en el mundo. Y nada menos que 142 países, más de dos tercios, han abolido este tipo de condena en la ley o en la práctica.
Aboliciones en 2018
Países conocidos por su crueldad en las condenas, como es Burkina Faso, han decidido modificar su ley. En el caso de este estado africano, la pena de muerte se ha abolido, y en otros como Gambia y Malaysia declararon oficialmente una moratoria de las ejecuciones.
Por su parte, el polémico Estados Unidos, país del primer mundo, occidentalizado y primera potencia mundial, declaró como inconstitucional la pena de muerte en el estado de Washington. Es necesario mencionar que en numerosos estados del país norteamericano aún se emiten estas sentencias. "La pena de muerte es muy activa allí, pero solo en determinados estados" declara a ElPlural.com Carlos de las Heras, responsable de campañas sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional en España, y hace hincapié en que "cada vez menos estados llevan a cabo ejecuciones aunque se mantenga en el país la pena de muerte". Texas es, de los 50 estados, donde se ejecuta al 70% de los condenados a este tipo de pena.
Los mayores ejecutores del mundo
Según el informe de Amnistía Internacional, los cinco países donde más se ha puesto en práctica la pena de muerte sin restricciones el pasado año son China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. Asimismo, en 2018 Botswana, Sudán, Taiwan y Tailandia reanudaron las ejecuciones, con el caso especial de Sri Lanka, donde el presidente anunció la reanudación tras más de 40 años sin llevar a cabo ninguna ejección.
Egipto aumentó sus sentencias a muerte en más del 75%, pasando de 402 en 2017, a 717 en 2018. Y los datos de Irán e Irak son alarmantes: el primero realizó más de un tercio de las ejecuciones registradas a nivel mundial y el segundo cuadruplicó la cifra de condenas a muerte de las 65 a 271 en tan solo un año. Además, en Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos ha habido un incremento notorio de las ejecuciones en el 2018.
China es el caso más extremo
Un país que le pisa los talones a Estados Unidos para convertirse en la nueva primera potencia mundial, es también el estado donde más se condena a muerte y se ejecuta. "Sin embargo, las cifras concretas de penas a muerte y de ejecuciones que se llevan a cabo están rodeadas de secreto" explica Carlos de las Heras. "La información sobre la pena de muerte en China se considera un secreto de estado" ha continuado diciendo, y ha alertado a este medio que, por esta razón, revelar información sobre condenas y ejecuciones practicadas por la justicia china, puede tener como consecuencia que se inicie un tramite judicial, "por eso organizaciones como la nuestra no se aventura a dar una cifra concreta, porque no es publica" ha alegado.
Sin embargo, las estimaciones que manejan desde Amnistía Internacional, los informes que se realizan y las fuentes con las que cuentan les lleva a hablar "de una cifra que supera el millar de personas". Situando a China en lo alto del podio de los países más ejecutores del mundo. Un título que no genera ningún orgullo y que hace variar la cifra de sentencias a muerte de al menos 2.531 a unas posibles 19.336 condenas.
"Su carácter y su hermetismo" hacen que sea muy complicado que la situación en China mejore. "Sería muy intersante que las autoridades tomaran en cuenta las recomendaciones de Amnistía Internacional y de otras organizaciones que les están diciendo que la mejor manera de abrirse al mundo es el respeto a los Derechos Humanos que conlleva la abolición de la pena de muerte" sentencia de las Heras.
Trump pone a Estados Unidos en el punto de mira
Las controvertidas medidas del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, siempre son noticia por poner en peligro, en repetidas ocasiones, los Derechos Humanos. Fue en agosto cuando se planteó la reanudación de las ejecuciones a nivel federal, es decir, a nivel estatal. "Para que nos hagamos a la idea, cada estado tiene su propia constitución y decide si quiere o no tener pena de muerte en sus códigos penales" aclara Carlos de las Heras, "pero a nivel federal también existe una constitución y una serie de normas".
Tal y como ha informado el responsable de Amnistía Internacional a este medio, durante la etapa en la que gobernaron Obama y los demócratas, este planteamiento a nivel federal estuvo paralizado. No obstante, con el gobierno actual, Trump ha vuelto a poner sobre la mesa la reanudación de las ejecuciones en todo el país.
Contra la creencia extendida de que la condena a muerte en Estados Unidos disminuye la criminalidad, los estudios realizados no dejan lugar a dudas: "Demuestran que si un estado admite la pena de muerte lanza un mensaje a la población de que la vida no tiene un valor absoluto, sino que es relativo", explica el Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Josep María Tamarit, quien también puntualiza que las sentencias a muerte "no aumentan de un modo sustancial la capacidad disuasoria de la criminalidad, lo que ya supone una crítica suficientemente fuerte desde el punto de vista criminológico".
Según ha comentado Tamarit, en los Estados Unidos suele estar directamente relacionado la existencia de unas normas "más relajadas" en relación a la adquisición y tenencia de armas con unos codigos penales más duros que contemplan la condena a muerte y la ejecución.
Los tres argumentos abolicionistas
La alternativa a la pena de muerte es la prisión permanente revisable, que en Europa siempre debe ser revisable. Ya que una de las claves para abolir las ejecuciones es entender que es una sentencia irreversible, sin posibilidad de estudiarse de nuevo el caso, sin dar una segunda oportunidad. "Si una persona está encarcelada y se prueba en un proceso de revisión que había sido condenada con un error judicial" desarrolla el catedrático de la UOC, "en cualquier momento el sistema puede solucionarlo y poner a esa persona en libertad, y el tiempo que le quede por cumplir al menos no lo cumplirá" aclara.
Los argumentos que siguen los abolicionistas de la pena de muerte son de tres tipos:
- De carácter ético: se deben respetar los derechos fundamentales, los Derechos Humanos y el valor absoluto y superior de la vida.
- De carácter criminológico: no se ha demostrado que estas condenas añadan una mayor disuasión de la criminalidad.
- De carácter judicial: no tener en cuenta el posible error judicial acentúa aún más que la pena de muerte es una sentencia irreversible.
