El acuerdo suscrito por el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, con Cataluña para instruir a los Mossos d’Esquadra en seguridad marítima tiene en alerta a la Guardia Civil, que es actualmente el único cuerpo que posee las competencias de seguridad en el mar. La entrega a la policía catalana de tres nuevas embarcaciones antes de final de año es vista como una cesión encaminada a la transferencia de competencias. El Gobierno estaría trabajando en un convenio similar con el País Vasco.
En enero pasado, la Asociación Unificada de Guardia Civiles ( AUGC) hizo público un comunicado en el que reflejaba la alarma en el cuerpo por la creación de una nueva unidad de Policía Marítima en Cataluña, que contaría a lo largo de este año con una flota de siete patrulleras. En junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la disposición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre un acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que contemplaba "la formación marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d´Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas”.
Presentem a l’Ametlla de Mar el desplegament de @mossos en aigües marítimes que està previst que s’iniciï l’1 de juliol. El Cos, policia ordinària i integral de Catalunya, assumirà, com no podia ser d’altra manera, les funcions en l’àmbit marítim que per llei li corresponen. pic.twitter.com/PX7C3qF4AG
— Miquel Buch (@MiquelBuch) February 20, 2020
Temor entre los guardias a una salida de Cataluña
Hasta el momento, son el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) los que se encargan de la seguridad del mar, según establece la Constitución. Sindicatos como AUGC creen que se prepara la salida de estas unidades de la comunidad catalana y reclaman al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare "la intencionalidad y fines de esta nueva unidad marítima". Las organizaciones representativas recuerdan que "hemos visto otras cesiones de nuestras competencias en los últimos tiempos, como Tráfico a Navarra".
La Constitución otorga al estado la competencia exclusiva sobre "Marina Mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves". Las comunidades autónomas sólo pueden asumir competencias respecto a la "promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio" en el mar y para ello a lo largo de los años se han traspasado competencias "en cuestiones como autorización de apertura de escuelas de enseñanza náutica, realización y control de los exámenes para el acceso a titulaciones náutico-deportivas, la expedición de los títulos correspondientes, así como la realización y control de los exámenes para el acceso a las titulaciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo", según la web del Ministerio de Transportes.
¿Un acuerdo similar con Euskadi?
El Gobierno estaría tramitando un acuerdo sobre las competencias marítimas con el País Vasco, según una respuesta parlamentaria a Ciudadanos en el Senado, de la que informó Vozpópuli en agosto. El documento gubernamental reconocía que "se encuentra en elaboración un convenio similar con el País Vasco, dirigido al Cuerpo de la Ertzaintza".
"La colaboración objeto del convenio se refiere al establecimiento de los requisitos de formación marítima, la supervisión de la formación compartida, la expedición de las titulaciones habilitantes una vez superada la formación y la autorización para el gobierno de embarcaciones de pequeña eslora", indicaba el escrito. Sin embargo, en otra respuesta a una pregunta del PP sobre el mismo asunto, el Gobierno respondió que la "Dirección General de la Marina Mercante es el órgano competente para la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española".
