El escándalo de la explotación sexual de niños tutelados en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que investiga la Fiscalía, ha enfrentado a los Cuerpos de Seguridad con el Consell de Mallorca. Unos a otros se acusan de no haber prestado atención a un fenómeno que se produce desde hace una década y que era un secreto a voces.

Tal vez presa de los nervios, la consellera Fina Santiago afirmó el pasado martes en el Parlament que la Fiscalía y la Policía Nacional “no se han implicado en resolver estos casos”. Una acusación que matizó este miércoles al señalar en un comunicado que no se refería a “la globalidad de los casos”.

La consellera expresó su deseo de “poner en valor el papel que está desarrollando la Policía en el desmantelamiento de los pisos y organizaciones de explotación sexual de menores en Mallorca".

"Cuando asegura que la Fiscalía 'no se implica en resolver estos casos' no se refiere a la globalidad de los casos de explotación sexual de menores, sino a su participación en la última fase de las cuatro que establece el Protocolo de explotación sexual infantil de Balears, la referida al seguimiento de los casos", afirmó el comunicado de la consellera que precisó que “en esta fase participan todas las administraciones públicas que forman parte del protocolo, las entidades que trabajan en el territorio y, en algunos casos, la Policía, pero no la Fiscalía".

El Consell de Mallorca intentó en un inicio minimizar el escándalo en una comparecencia pública junto a la Delegación del Gobierno, en la que afirmaron que se trataba de "casos aislados".

El fiscal superior defiende su gestión

Fina Santiago insistió en que cuando dice que la Policía Nacional no considera que las búsquedas de menores tutelados no son prioritarias, "se refiere exclusivamente a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad mencionada, en la que se especifica que la acción policial sobre la búsqueda de menores de edad fugados o de retorno a los centros no es prioritaria".

El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, respondió a la consellera negando que el Ministerio Fiscal y los Cuerpos de Seguridad no se hayan tomado en serio las denuncias sobre explotación sexual de menores tutelados.

"Los fiscales y la Policía han investigado todos los casos y han tenido la máxima diligencia, como ocurre en cualquier otro delito. Algunos casos se han judicializado porque existían indicios contra los responsables de esos delitos y otros, como ocurre con el resto de delitos, se han sobreseído por falta de pruebas", indicó el fiscal superior de Baleares.

Sobre la investigación de la presunta explotación sexual de 15 niñas y un chico tutelados por el IMAS, el fiscal jefe ha adelantado que “las investigaciones han descartado que estos menores hayan sido víctimas de una red organizada de prostitución integrada por educadores de los centros; no hay red organizada de prostitución por parte de los educadores", apuntó.

La incongruencia de los policías

Varios sindicatos policiales también salieron a defender el trabajo policial y acusaron a Fina Santiago de “querer tirar balones fuera para no asumir su responsabilidad”.

Los sindicatos SUP, CEP, SPP y UFP alegaron que “los menores que se encuentran tutelados en diferentes centros del Govern solo son competencia de la Policía cuando perpetran algún ilícito penal o cuando se encuentran desamparados en situaciones de peligro para su integridad física, psíquica o moral". Esto último, sin embargo, es justo lo que ha ocurrido, que los menores presuntamente prostituidos “se encuentran desamparados en situaciones de peligro para su integridad física, psíquica o moral”.

Las instituciones baleares no quisieron investigar

El Parlamento balear y el Consell de Mallorca rechazaron en dos ocasiones iniciativas para investigar la gestión de centros para menores tutelados por el Instituto Balear de Asuntos Sociales (IMAS), la institución que ha admitido que al menos 16 niñas han sido víctimas de abusos sexuales en el último año.

En 2018, la diputada del Grupo Mixto María Consuelo Huertas Calatayud (anteriormente de Podemos y expresidenta del Parlament) presentó en la Cámara balear una proposición no de Ley para, entre otras cosas, investigar los procedimientos de tutela y adopción de los servicios del Consell y depurar responsabilidades.

La propuesta de la exdiputada de Podemos, que contó con el apoyo del grupo Mixto y Ciudadanos, partía de denuncias de centenares de familias que acusaban al IMAS de retiradas de menores injustificadas. El diputado David Abril (Més) criticó que se pusiera en cuestión “un trabajo público” y el Parlament rechazó investigar.

El 12 de diciembre, Vox presentó una moción en la que se pedía una auditoría independiente al IMAS para detectar “necesidades y deficiencias” existentes. El presidente de esa institución, Javier de Juan, dijo que sería “una pérdida de tiempo”. Ciudadanos apoyó la iniciativa de Vox y el PP se abstuvo. El Consell de Mallorca, que preside la socialista Catalina Cladera Crespí, no investigó.

La denuncia de una menor destapó todo

En Nochebuena, doce días después, una menor tutelada fue víctima de una violación por parte de un grupo de jóvenes, entre los que había algunos dependientes también del Consell de Mallorca. Sólo la denuncia de la niña, y no actuaciones de las instituciones baleares, destapó el escándalo.