La privatización de la sanidad no deja de avanzar en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay importantes diferencias entre comunidades autónomas. Así lo evidencia el 11º informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), un estudio que esta entidad realiza de forma anual y que analiza el desvío de fondos del sector público al privado. La salud constituye una gran oportunidad de negocio, es el gran caramelo.
La justificación para llevar a cabo este cambio de modelo es siempre la misma, la insuficiencia de los servicios públicos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y tiene mucho que ver con el modelo ideológico y económico de las formaciones políticas que dirigen los distintos territorios. El proceso es siempre el mismo: políticas de recortes que conducen al deterioro de los servicios con listas de espera cada vez más largas, instalaciones deterioradas y descontento de los profesionales; planteamiento de la necesidad de modelos complementarios; y privatización.
Si bien el travase de fondos del sector público al privado se inició a finales de los años ochenta, en todo este tiempo ha habido periodos donde ha avanzado a mayor velocidad. Así ha ocurrido con la pandemia de Covid-19, que ha sido aprovechada por muchas Comunidades Autónomas, sobre todo, por Madrid para dar un acelerón a este proceso. Lo prueban las cifras, pues el gasto en conciertos aumentó en todo el país un 8,98% en 2021 con respecto a 2019, cuando el porcentaje fue del 7,78%.
Tal y como se explica en el citado informe, existen diferentes fórmulas de privatización: conciertos de colaboración público-privada para aligerar listas de espera, externalización de servicios, mutualidades de funcionarios, concesiones administrativas y compra de diferentes terapias o de biotecnología.
Casi todos los hospitales que se han inaugurado en España en los últimos años son privados. Este sector representa ya el 54% de este tipo de instalaciones del país y el 32% de las camas.
Si bien desde la FADSP advierten de lo difícil que es obtener datos concretos de las administraciones, la federación ha logrado determinar el grado de privatización de los servicios sanitarios por Comunidades Autónomas en base a un sistema de puntos. De este modo, han establecido tres grupos que quedan de la siguiente manera:
Regiones con mayor velocidad de privatización
● Canarias 28
● Madrid 28
● Baleares 27
● Cataluña 26
Regiones con una velocidad intermedia
● Comunidad Valenciana 26
● Aragón 24
● Andalucía 23
● Extrema dura 20
● Galicia 19
● La Rioja 19
● Caslla y León 18
● Murcia18
● País Vasco 18
Regiones con menor velocidad de privatización
● Castilla- La Mancha 18
● Navarra 18
● Asturias 18
●Cantabria 14
Según los últimos datos disponibles, España supera la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30 % del total y hasta un 3 % del PIB, (frente al 21 % y 2,2 % de la OCDE respectivamente).
Se dispara la privatización en las nuevas comunidades del PP
Si bien Madrid es una comunidad autónoma que ya estaba en 2014 en el grupo de mayores privatizaciones, otras regiones han disparado este gasto en los últimos años. Es el caso de Andalucía que ha experimentado un incremento de más del 32% desde 2019. Situación similar atraviesa Canarias, con un 32,3 de incremento y la Comunidad Valenciana, con un 29,4.
Otro ejemplo llamativo lo constituyen los casos de Extremadura, con 32,3, y que en informes de años anteriores figuraba entre las comunidades con menos grado de privatización; y Aragón.
Tal y como se puede ver, muchas de esta regiones cambiaron de liderazgo en sus gobiernos en las últimas elecciones, pasando de manos del PSOE al PP.
Más desigualdad y mortalidad
En conclusión, si bien el informe de la FADSP prueba la derivación creciente de fondos públicos al sector privado en todas las Comunidades Autónomas, evidencia grandes diferencias entre unas y otras.
El deterioro de la sanidad pública, con infradotación, falta de políticas públicas e ineficacia en la gestión es clave para la privatización, la cual, advierten desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, constituye uno de los problemas de salud pública más importante de España. Sus consecuencias, enfatizan, son conocidas: un incremento de la mortalidad general y un aumento de las desigualdades en salud.
