Freno a la aprobación acelerada de la licitación del servicio de agua y alcantarillado en la localidad murciana de San Javier. Fuentes del consistorio han asegurado que inicialmente estaba previsto que la aprobación definitiva de la adjudicación del contrato se realizara en el pleno del mes de septiembre celebrado este jueves, pero finalmente se ha descartado. Todo apunta a que el motivo de esta omisión han sido discrepancias internas en el ayuntamiento a raíz del anuncio de la fiscalía de la admisión a trámite e inicio de la investigación de las ilegalidades denunciados en todo el proceso de licitación.

Al no haberse aprobado en esta sesión plenaria, el ayuntamiento se ve abocado a un posible incumplimiento de los plazos que se había marcado con la aprobación de la nueva ordenanza sobre el agua en el pleno de agosto. Según esta, estaba previsto que el 1 de noviembre ya se hubiera cerrado la licitación y diera inicio el nuevo servicio. Pero, después de la emisión del informe favorable a la propuesta de FCC Aqualia que ha hecho la mesa de contratación, la aprobación final y resolución del concurso público tiene que realizarse en el pleno municipal, tal como marca la sentencia del Tribunal de Cuentas. Así pues, hasta la última mitad de octubre, cuando está previsto la próxima sesión del plenario municipal, no se podría proceder a esta aprobación, limitando extremadamente los plazos burocráticos para formalizar el contrato e iniciar la prestación licitada. También existe la posibilidad que se convoque un pleno extraordinario para debatir específicamente la aprobación del contrato del agua en favor de FCC Aqualia, que debería ser antes del pleno ordinario mensual para poder intentar llegar a los plazos fijados inicialmente, aunque todavía no hay fecha ni confirmación de que éste se celebre.

Y esto sin dejar de lado que la fiscalía ya ha iniciado la incoación de documentos para determinar las ilegalidades realizadas en el proceso de contratación de la consultora externa Ingeagua y sus vínculos con Aqualia que han afectado a todo el concurso por conflicto de interés. El grupo municipal Pleamar volverá a solicitar la paralización del proceso de licitación hasta que la investigación del fiscal no haya finalizado y confirmado estas irregularidades, que conllevarían la anulación del concurso y el inicio de una nueva licitación, que esta vez tendría que cumplir con la legalidad.

Tráfico de influencias y corrupción en puestos municipales clave

El proceso de licitación ha continuado a pesar de las controversias que han rodeado su ejecución desde el principio. Se ha cuestionado un posible conflicto de intereses entre la consultora Ingeagua y el propio concurso, ya que la consultora invitó a FCC Aqualia a participar en la licitación debido a ser uno de sus clientes. Además, se ha destacado que la oferta de Aqualia excedió significativamente el límite permitido y superó en un 56% a las ofertas de otros competidores. Según informaciones de investigación publicadas en varios medios, destaca la alta frecuencia de coincidencia cuando Ingeagua se encarga de redactar y gestionar concursos públicos en diferentes municipios españoles y Aqualia. Diario16 detectó que Ingeagua ha sido contratada en los últimos meses por al menos 15 ayuntamientos donde Aqualia presta sus servicios, con la finalidad de elaborar pliegos y valorar las ofertas del concurso. En la mayoría de estos casos, Aqualia resultó ganadora o fue propuesta como tal por Ingeagua. La decisión sobre si excluir a Aqualia de esta licitación recayó en el servicio técnico del Ayuntamiento de San Javier, liderado por el ingeniero municipal Juan Gabriel Lizán, una figura nombrada por el alcalde Luengo Gallego (PP), sobre la que también planea una sombra de duda por sus relaciones previas con Aqualia y por tener antecedentes como imputado por prevaricación.

Cuando estas noticias salieron a la luz, el grupo municipal Pleamar exigió al ayuntamiento que aportara información para aclarar si las acusaciones eran fundadas o no, a lo que el consistorio dio la callada por respuesta. Frente a esta situación, Pleamar decidió elevar sus preocupaciones a la fiscalía que ha aceptado a trámite la solicitud del grupo municipal y ha iniciado la investigación activa para detectar las ilegalidades cometidas en todo el proceso de licitación.