La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa por las muertes ocurridas en cuatro residencias de ancianos en la localidad de Leganés durante la primera ola de la pandemia y ha pedido que cite a declarar a los médicos de esos centros y a los responsables de implementar los protocolos de actuación, así como al servicio de geriatría del hospital Severo Ochoa, que era el hospital de referencia. En declaraciones a El Plural, fuentes de Mareas de Residencias han aclarado que "no se incluyen aquí a los cargos políticos que dictaron tales protocolos (excluidos por tratarse de personas aforadas), sino a los directores de las residencias".

Esta causa había sido sobreseída el 13 de julio de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Leganés al considerar que los hechos no habían sido "constitutivos de infracción penal" y que la pandemia había sido la que "hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la actuación que pudieran haber llevado a cabo desde un punto de vista administrativo y/o gubernativo para intentar su control y minimizar su impacto".

Los familiares se querellaron contra Ayuso y sus consejeros

El juzgado respondía así a dos querellas interpuestas por los familiares de algunos de los residentes en varios centros de mayores de la Comunidad de Madrid situadas todas ellas en la localidad de Leganés (Aralia Servicios Sociosanitarios, Residencia Parque de los Frailews, AMAVIR-El Encinar y la Domu VI) contra los respectivos directores de esos centros, así como contra determinados responsables políticos de la Comunidad de
Madrid, entre ellos la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero; y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López.

En el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso ElPlural.com, ordena al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Leganés admitir las querellas presentadas por 55 familiares de una veintena de ancianos y reabrir la causa porque estima que "para una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados se considera necesario: tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al Covid-19 en cada una de las residencias a los efectos de que expliquen los informes ya remitidos en cuanto a los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios disponibles". Además, "tomar declaración en calidad de testigos a los responsables médicos de cada una de las residencias en las fechas a las que se contraen los hechos" y sobre "la deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes, al objeto de que ilustren de la situación médica de cada uno de sus pacientes a los que se refieren las querellas presentadas sobre la base de las historias clínicas".

¿Qué pasó con los ancianos que no fueron trasladados a los hospitales?

La Audiencia reclama que se investigue "el seguimiento de los protocolos para la derivación hospitalaria e informen de los medios disponibles en cada una de las residencias en esos momentos para prestar atención médica a los residentes enfermos que no fueron derivados al hospital de referencia" y que se tome declaración "en calidad de testigos a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el hospital de referencia, para que informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas a los hospitales".

El tribunal quiere que se precise los historiales médicos de los residentes y la situación estos en el momento en el que recibieron atención médica, así como el tratamiento que se les dio cuando no fueron derivados a los hospitales, "todo ello a los efectos de establecer la relación con el fatal desenlace. Asimismo, advierte de que " en función de su resultado, el instructor, con libertad de criterio, podrá acordar en su caso la práctica de la correspondiente pericial médico forense respecto de aquéllos residentes que considere necesario".

El martes, pasado, en el Ayuntamiento de Madrid se aprobó una moción, con los votos en contra del PP, para reclamar la reapertura de la Comisión de Investigación en la capital sobre lo ocurrido en las residencias.