La Archidiócesis de Madrid ha admitido por primera vez ocho casos de abuso sexual de sacerdotes o religiosos sobre menores, que sucedieron hace décadas, lo que elevaría la cifra en toda España a unas 231 denuncias.

El Arzobispado de Madrid ha recibido, además, otras 10 denuncias de abusos sexuales a adultos, y nueve clérigos han sido acusados de violencia física, maltrato o abuso de autoridad, según datos de la oficina de atención a las víctimas en el marco del proyecto Repara para ayudar a los afectados, según adelanta El País.

Una exigencia del Vaticano

La apertura de oficinas de atención a las víctimas en cada diócesis fue impuesta de manera obligatoria por el Vaticano, el año pasado. La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha negado a revelar cuántos casos de abusos conoce. El Arzobispado de Madrid, que dirige el actual vicepresidente de la CEE, el cardenal Carlos Osoro, ha dedicado a este problema un proyecto específico y no oculta sus cifras.

Según la información facilitada por el Arzobispado de Madrid, otras 35 víctimas sufrieron abusos dentro del ámbito familiar y 13 lo han padecido en otros entornos. De todos ellos, nueve eran menores en el momento de la denuncia. Estos casos han sido denunciados ante la Fiscalía, “siguiendo lo prevenido por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor”, según un portavoz del episcopado.

La mayoría de los casos de abusos ocurrió en colegios

De los ocho abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia, uno pertenece a la diócesis, y ya se ha abierto una investigación canónica, mientras que los otros siete son miembros de órdenes religiosas, que cometieron los delitos en colegios y entornos educativos “la mayoría de las veces”.

Las víctimas, ahora entre los 50 y 65 años, tenían entre 8 y 15 en el momento de los abusos. “Algunas están conversando con Repara y con la congregación. A otras les basta con que les creamos, escuchemos y pidamos perdón. Es decir, que no quieren denunciar ni iniciar ningún trámite al respecto”, explica el episcopado.

El Vaticano obliga a informar al responsable competente de cada provincia o diócesis religiosa donde haya tenido lugar el delito, sin embargo, el Arzobispado de Madrid  ha dicho que en su caso "acompaña" a las víctimas y se les "informa de las posibilidades jurídicas que tienen, pero no nos corresponde a nosotros presentar la denuncia ante la otra realidad eclesial cuando no se trata de menores”.