Domiciano Sandoval, jubilado y activista de Marea Pensionista, ha decidido llevar ante la justicia europea al Gobierno de España por la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, provocada tras la reforma del PP del sistema de pensiones.
A través del grupo de abogados Col.lectiu Ronda, ha demandado al Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por lo que considera una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos al vulnerar el deber de “elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social” y no garantizar la “suficiencia económica” de los pensionistas.
Además, la demanda elevada invoca la vulneración por parte del Estado español tanto del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por España, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.
En todos los casos, la normativa establece de forma nítida la obligación por parte de los Estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a incrementos del coste de la vida. En el caso de la Carta Social Europea, además, se determina la exigencia a los estados miembros de la UE de “tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social”.
Revisiones por debajo del IPC
En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, recién llegado al cargo, aprobó la mencionada reforma de la Seguridad Social en la que, “por primera vez, imponía la decisión de revalorizar las pensiones de jubilación con porcentajes inferiores al IPC”.
En 2013, el Gobierno actuó de la misma forma e impulsó la reforma del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones que, asegura la demanda, “definitivamente, ha transformado en normativa la desindexación de las pensiones respecto IPC, desactivando la obligación del sistema público de pensiones de garantizar el poder adquisitivo de los más de 9 millones de pensionistas del Estado español.
Una dura batalla legal
La justicia europea es el último cartucho judicial contra esta norma del Gobierno de Mariano Rajoy ya que también se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional firmado por 146 parlamentarios españoles que fue desestimado con una evidente división existente entre los magistrados, pues 5 jueces se pronunciaron a favor de considerar la medida inconstitucional mientras que 7 se decantaron para otorgar su aval a la actuación del Gobierno.
