Había muy escasas posibilidades de que Garzón saliese indemne de este feroz asedio y así ocurrió. En febrero del presente año una sentencia del Tribunal Supremo le condenaba por delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación y, en consecuencia, su expulsión de la carrera judicial por la tercera, en orden cronológico, de las causas abiertas en su contra: la intervención de las comunicaciones en prisión entre los principales acusados de la trama de corrupción Gürtel -que afecta a destacados miembros del Partido Popular y a sus abogados-.
Pero faltaban los “dos huevos duros” de la comanda ordenada por el particular groucho del Supremo camarote y este pasado miércoles se ha hecho efectiva. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha obligado al ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a pagar 482,26 euros al procurador de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Esta cantidad corresponde a las costas judiciales de la condena que lo apartó de la judicatura.
Una única consideración ... que no está el horno para bollos. En el diario Público un lector, que se identificaba como Faragar, hacía el siguiente comentario a la noticia: “Parece como si todo estuviera encaminado a hacer que el pueblo español se subleve”. ¡A mí no se me ocurre ninguna reflexión tan acertada como ésta!
Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas
