La idea de Ramón Valcárcel del copago ha provocado tal convulsión que rápidamente su oficina de comunicación ha sacado una nota intentando explicar sus palabras, que, sin embargo, eran muy claras: servicios como la educación y la sanidad no pueden ser soportados por el presupuesto de una región ni por el presupuesto de una nación –ha venido a decir-, por lo que es necesario que los ciudadanos asuman esos costes, al menos en parte.

El céntimo del copago por la gasolina ya existe en Murcia
En realidad en Murcia ya hay algo parecido al copago, un impuesto regional para paliar el gasto sanitario que se conoce como el céntimo, pero que en realidad es 0,24 céntimo por litro de gasolina y 0,12 céntimos por litro de gasóleo que entraron en vigor con el inicio de este año. De esta manera se calcula que la Comunidad recaudará unos 30 millones de euros anualmente. Pero aún muy insuficiente. El agujero sanitario del Gobierno de Valcárcel era ya superior a los 800 millones de euros en 2009, último año en que hizo públicos datos; déficit que sólo ese año aumentó en 330 millones.

Un déficit, además, que no se debe a que el servicio sanitario que se ofrece en la región sea extraordinario, sino a los sueldos –los médicos murcianos son los mejor pagados de España- y, sobre todo, al descontrol en el gasto farmacéutico. Murcia está a la cabeza en este gasto porque no ha habido políticas de freno, como por ejemplo con el impulso para que se prescriban productos genéricos de gran consumo.

Murcia no paga a sus proveedores desde abril de 2010
La urgencia de Murcia para implantar el copago tiene otra razón: su enorme déficit, que ha llevado a las cajas públicas a tener que cerrar con llave. La administración pública murciana no paga a un gran número de sus proveedores desde abril de 2010. En concreto el Gobierno murciano debe más de 1.800 millones de euros a ayuntamientos y empresas, muchas de las cuales han cerrado o han tenido que reducir plantilla. El número de implicados es tal que se han organizado en asociaciones de afectados en sectores como la obra pública o la propia sanidad. Una fuente empresarial murciana declaraba a ELPLURAL.COM, no sin cierta sorna: “El Gobierno murciano presume de que no debe dinero a los bancos…, y es verdad, porque nos lo debe a los ciudadanos, a las empresas, que somos los que mantenemos y financiamos la comunidad”.

Esta situación de déficit resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que el Gobierno murciano ha creado sin embargo 106 empresas y sociedades diversas públicas, lo que ha llevado a que esta Comunidad, que cuenta con 1.460.000 habitantes, tenga 55.000 funcionarios, o lo que es lo mismo, de su presupuesto de casi 5.000 millones de euros, más de dos mil millones vayan a sueldos públicos.

Reducir el tamaño de la Administración murciana
En este sentido Begoña García Retegui, la candidata del PSOE en Murcia ha declarado a ELPLURAL.COM que “en lugar del copago, lo que nosotros hemos propuesto es que reduzca el despilfarro, que reduzca por ejemplo consejerías, número de altos cargos, que controlen subvenciones, gastos de protocolo, asesorías y cierren todas aquellas entidades no productivas… Quitando todo ese gasto innecesario, sin tocar los sueldos ni los servicios públicos, reduciríamos el presupuesto de la Comunidad en 500 millones de euros”.

Una prueba del absurdo que se vive en el gasto público con el Gobierno de Valcárcel, y que recuerda lo sucedido con el aeropuerto de Castellón que se inauguró la semana pasada cuando aún no tienen permiso de vuelo: en Murcia hay una Consejería de Justicia, y por supuesto un consejero, Manuel Campo, y su personal. Nada sorprendente… si no fuera porque en Murcia no tienen transferidas, ni se sabe aún cuando las tendrán, las competencias en materia de Justicia.