El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo, cuando decae el actual decreto, porque, a su juicio, se vivirá una situación "muy delicada", sin "garantías jurídicas" por parte de las comunidades autónomas para mantener las restricciones frente a una relajación ciudadana.

En declaraciones a Radio Euskadi, el lehendakari ha considerado que se vivirán "momentos delicados" a la hora de gestionar la pandemia si se da por concluido a principios del próximo mes el estado de alarma.

"Si se deroga y deja sin efecto, y mientras no se apruebe en el Parlamento Vasco una ley (antipandemia) que nos dé determinadas garantías para la aplicación y cumplimiento de las medidas adoptadas por las administraciones, vamos a ir a un tiempo muy delicado", ha aseverado.

Urkullu reprocha a Sánchez no contar con los presidentes autonómicos

Urkullu ha recordado que desde que Sánchez anunció su intención de dar por terminado el estado de alarma, "he manifestado mi preocupación sobre si esta decisión se ha adoptado de manera firme y sin vuelta atrás, además de preocuparme que se haya hecho sin un contraste con los presidentes de comunidades autónomas o con el lehendakari, en este caso".

"No sé cuáles son las razones que pueda tener el presidente del Gobierno, aunque intuyo algunas, pero en las circunstancias que estamos viviendo a día de hoy, cuando queda menos de un mes para el 9 de mayo y vamos a tener que seguir conviviendo con la pandemia", el lehendakari ha pedido a Sánchez que reconsidere su postura.

"Las comunidades autónomas necesitamos garantías jurídicas"

"Le pediría que sea consciente de que las comunidades autónomas necesitamos garantías jurídicas para trabajar. Aquí, en Euskadi, estamos lastrados por la insuficiencia de esas garantías jurídicas ante las decisiones que ha adoptado la Sala de lo Contencioso del TSJPV", ha afirmado Urkullu.», ha señalado Urkullu. 

Según ha añadido Urkullu, "si se deja sin aplicación el estado de alarma el 9 de mayo nos vamos a encontrar con algunas consecuencias. Primero, quizás con una interpretación equivocada de una parte de la sociedad, al entender que se ha acabado el problema y puede haber un exceso de confianza. Segundo, nos vamos a encontrar con una situación de incapacidad operativa rápida para adoptar decisiones. Y tercero, una situación con insuficiencia de garantías jurídicas".