Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina recibirán más de 200.000 euros por parte del Gobierno de Baleares, según lo acordado por la Audiencia de Palma, tras haber pagado de más por el caso Nóos. La hermana y el excuñado del rey Felipe VI tuvieron que devolver más de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil al ser condenados en la trama de corrupción.

El letrado de la Administración de Justicia ha dictado una diligencia, de la que se ha hecho eco el diario El Mundo, por la que ordena al Gobierno autonómico que proceda a la devolución de 201.000 euros entre los dos exduques de Palma. Además, junto al exsocio de Urdangarin, el empresario Diego Torres, la suma a devolver por el Ejecutivo de las Islas Baleares asciende a unos 233.287 euros extra que aportaron los tres condenados.

Por un lado, el exyerno de Juan Carlos I debe recibir de las arcas públicas la cantidad exacta de 132.695,03 euros, mientras que la hija del rey emérito verá aumentada su cuenta corriente en 68.479,97 euros después de la devolución que tiene que efectuar el Gobierno regional en un plazo de diez días. La infanta Cristina ya había comunicado su “total conformidad” con el reintegro del montante total en un escrito al que ha tenido acceso el mencionado periódico.

Urdangarin y la infanta Cristina, más de 200.000 euros a recibir

Con este reajuste, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha constatado que los tres condenados por la red de corrupción habían pagado la cantidad en conjunto de 852.000 euros en febrero de 2019 para hacer frente a su responsabilidad civil económica. Posteriormente, las sucesivas sentencias en instancias judiciales superiores realizaron una reducción final de 233.000 euros en total.

Torres, el tercer encausado en la trama de corrupción, tiene que recibir por parte del Ejecutivo de Baleares en dicho plazo una cantidad de 32.112,50 euros. Anteriormente, el trío de los principales investigados por el caso Nóos había sido condenado a devolver a la Hacienda pública un total de más de 600.000 euros conseguidos mediante contratos públicos amañados, además de la condena a 5 años y 10 meses de prisión en el caso del excuñado del monarca, Iñaki Urdangarin y la consideración de la hija de emérito, la infanta Cristina, como partícipe a título lucrativo.