El gesto exigido por los partidos independentistas para acceder a la tramitación de los presupuestos generales se ha concretado. Miquel Iceta provocó una secuencia de declaraciones al hablar de buena mañana en Els Matins de TV3 de la posibilidad de la aceptación de un notario en las conversaciones entre el gobierno catalán y el gobierno central; más tarde la consellera Elsa Artadi lo denominó un mediador, pero el misterio ya había perdido trascendencia, el gesto es un simple sucedáneo de lo exigido hasta ahora y refleja más bien el interés de una parte del gobierno de Torra de no dejar caer tan fácilmente los presupuestos de Pedro Sánchez para intentar salvar los de la Generalitat.
A lo largo de la mañana, el notario de Iceta mutó a coordinador de las reuniones para la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en mediador para la portavoz de la Generalitat, y en relator para la vicepresidenta Carmen Calvo. Nada que ver esta figura con la intermediación internacional reclamada hasta hace bien poco por numerosos portavoces independentistas, ni mucho menos con el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, ni con el ultimátum de fijar un próximo referéndum.
La Generalitat aspira a la creación de una mesa de ámbito estatal
De las palabras de Artadi se desprende el interés por evitar versiones contradictorias de las reuniones entre el gobierno central y el gobierno catalán, aunque estos relatores notariales de la coordinación y mediación más bien parecen destinados a actuar en el diálogo entre partidos, de acabar éste por concretarse. La Generalitat aspira a la creación de una mesa con la participación de los partidos de ámbito estatal, extremo aun no aceptado por el PSOE, que defiende la prioridad del diálogo entre fuerzas políticas catalanas.
Los partidos del gobierno catalán se han reunido por segunda vez con PSC y Comunes, sin novedad, aunque con mejores sensaciones por parte de los asistentes de las registradas en la primera sesión. De lo poco que ha trascendido, se sabe que el presidente Torra les ha hablado de un pacto de estado para reconocer el derecho a la autodeterminación, tal como hizo con
Pedro Sánchez en su encuentro de Pedralbes. Seguramente para compensar adecuadamente el impacto entre los suyos de la mínima exigencia que representa la petición de un relator de las conversaciones con Madrid. De todas maneras, queda por ver si las palabras de la portavoz de la Generalitat se corresponden con una posición unánime de PdeCat, JxCat y ERC y el gesto reclamado para dar vía libre al debate parlamentario de los presupuestos se reduce a lo expresado por Artadi o alguna de las familias independentistas recupera las reivindicaciones tradicionales.
La propia Artadi, preventivamente, acompañó sus declaraciones de las habituales críticas al Tribunal Supremo, a la persistencia de la prisión preventiva y la referencia imprescindible a la autodeterminación, aunque evitó relacionar el propósito de no renunciar a este derecho con una aceptación sine qua non por parte de sus interlocutores para mantener vivas las relaciones con el gobierno Sánchez.
La concreción del supuesto gesto imprescindible para renunciar a las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, opción que puede materializarse hasta el último minuto, representaría el primer paso efectivo dado por los dirigentes independentistas para superar el círculo de dudas y temores en el que viven desde el inicio de la etapa del diálogo. Desde hace meses, éstos compaginan las declaraciones favorables al diálogo con la enumeración de exigencias inasumibles por parte del gobierno Sánchez para mantenerlas. Los portavoces del gobierno central han repetido constantemente la inutilidad de estos planteamientos fuera de la esfera constitucional.
Finalmente, el calendario ha señalado el límite de este juego dialéctico. La próxima semana vence el plazo para el inicio del debate de presupuestos y va a comenzar el juicio oral por el Procés. La coincidencia de fechas va a precipitar los acontecimientos y aunque, a priori, no parece el momento más idóneo por parte del independentismo oficial para aparcar las grandes exigencias en beneficio del pragmatismo (a cuenta de ser señalados como traidores por el radicalismo), las presiones de los moderados del gobierno Torra para poder disponer de un presupuesto de la Generalitat adecuado para gobernar pueden acabar por imponerse. Iceta, por si acaso, volvió a expresar su disposición a votarlos de haberse aprobado antes los del Estado.
